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1 - Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no constituye un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:
a) El comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A no exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
d) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.



2 - Señale la opción correcta:
a) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
b) La Administración, salvo precepto en contrario, no podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
c) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, sin que puedan quedar garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
d) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del mismo día a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.



3 - El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a la inderogabilidad singular, que:
a) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 45.
d) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.



4 - En relación a la notificación, el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que:
a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.
b) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.
c) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, no pudiéndose por efectuado el trámite y parándose el procedimiento.
d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.



5 - Indique la respuesta incorrecta, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los que tengan un contenido imposible.
c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
d) Los dictados sin observar el procedimiento legalmente establecido o de las disposiciones que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.



6 - De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 37.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de anulabilidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado.
d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.



7 - Conforme al artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio, por acuerdo del órgano competente:
a) Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, o a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
b) Bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por renuncia.
c) Bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden inferior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
d) Bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.



8 - En el ámbito de las entidades locales, según la D.A. 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) La supervisión de los proyectos de obras deberá efectuarse por las oficinas o unidades técnicas de la entidad contratante, debiendo recogerse expresamente en el acuerdo de aprobación la referencia a la supervisión favorable del mismo.
b) La supervisión de los proyectos de obras deberá efectuarse por la correspondiente Diputación Provincial, debiendo recogerse expresamente en el acuerdo de aprobación la referencia a la supervisión favorable del mismo.
c) La supervisión de los proyectos de obras deberá efectuarse por la correspondiente Administración Autonómica, debiendo recogerse expresamente en el acuerdo de aprobación la referencia a la supervisión favorable del mismo.
d) La supervisión de proyectos podrá efectuarse por las oficinas o unidades competentes de la propia entidad contratante o, en el caso de municipios que carezcan de ellas, por las de la correspondiente Diputación Provincial o Administración autonómica uniprovincial.



9 - En el procedimiento abierto de contratación, para la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas:
a) Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
b) Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
c) Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Ninguna es correcta.



10 - Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Señale cuál es:
a) En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las empresas contratistas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
b) La garantía definitiva constituida por el contratista no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este.
c) En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos, deberá darse audiencia al contratista.
d) La resolución del contrato por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.





Preguntas acertadas:

Preguntas falladas:

Preguntas no contestadas:

NOTA:

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