Examen parte 4 Trabajadores/as Sociales Junta de Castilla y León 2021

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Cada pregunta acertada equivale a 1 punto

Cada pregunta no contestada equivale a 0 puntos

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1 - En el marco del Índice AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), establecido por la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión y como instrumento del INE para medir la pobreza en España, señale cuál de los siguientes no es un indicador de los que se contemplan:

a)		Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales.
b)		Privación o carencia material severa de bienes.
c)		Hogares que presentan baja intensidad laboral.
d)		Hogares que presentan bajo índice socio – educativo.

2 - ¿Dónde se ubica en España, a nivel de dependencia funcional, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE)?

a)		En la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio con competencias en materia de empleo.
b)		En la Conferencia Sectorial para temas económico-sociales.
c)		En la Comisión Interautonómica del Fondo Social Europeo.
d)		En el IMSERSO.

3 - Respecto a la extinción del derecho a la pensión no contributiva de jubilación, señale la respuesta correcta:

a)		Sólo se produce con el fallecimiento de la persona beneficiaria.
b)		No tiene nada que ver con la pérdida de la condición de residencia legal en territorio español.
c)		La pensión no contributiva de jubilación, entre otras causas, se extingue por fallecimiento de la persona beneficiaria, así como por disponer de rentas o ingresos suficientes que incumplan los criterios fijados para este tipo de prestaciones respecto de la carencia de rentas o ingresos.
d)		Se produce cuando la persona pensionista de esta modalidad de jubilación alcanza una discapacidad de grado igual o superior al 65% y por ello pasa a percibir la Pensión No contributiva de Invalidez.

4 - En la evolución histórica del desarrollo de los Servicios Sociales en España, señale cual fue el principal instrumento normativo para que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes vinieran obligados a ejercer las competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, para otorgar la prestación de servicios sociales, en su ámbito:

a)		La Constitución Española de 1978, en su artículo 148.1.20.
b)		Los Estatutos de autonomía que establecen las competencias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales.
c)		La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d)		El Plan concertado de 1986 entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios Sociales.

5 - Según el artículo 5 del Decreto 269/1998, de 17 diciembre, por el que se regula la prestación social básica de la ayuda a domicilio, con carácter específico no podrán ser usuarios de la ayuda a domicilio:

a)		Las personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía personal y en condiciones de desventaja social.
b)		Las personas con discapacidades o minusvalías que afecten significativamente a su autonomía personal.
c)		Los grupos familiares con excesivas cargas, conflictos relacionales, situaciones sociales inestables y/o con problemas derivados de trastornos psíquicos o enfermedades físicas de gravedad.
d)		Los menores de edad cuyas familias pueden proporcionarles el cuidado y atención que requieren en el propio domicilio, permitiendo esta prestación su permanencia en el mismo.

6 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales (señale la respuesta incorrecta):

a)		La preparación de la transición a la vida adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
b)		La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.
c)		La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.
d)		La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.

7 - Según lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarla a cabo, los equipos de caso:

a)		Estarán integrados por profesionales de la misma o similar titulación.
b)		Constarán de tres a cinco profesionales.
c)		Comprenderán, como mínimo, un titulado superior en la rama de Psicología o Sociología y un titulado de grado medio en la de Educación Social.
d)		La distribución de tareas entre los componentes del equipo tendrá en cuenta primordialmente su experiencia, sin perjuicio de la colaboración, asesoramiento y apoyo mutuo permanente.

8 - No es un principio general que haya guiado la redacción de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores:

a)		La naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad.
b)		El reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor.
c)		El establecimiento de un único tramo a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad.
d)		La flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto.

9 - Según el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, quién establecerá el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados:

a)		El Gobierno de España.
b)		Las comunidades autónomas.
c)		El Consejo Regional del Sistema para la Autonomía y Prevención de la dependencia.
d)		El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

10 - Según el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, uno de los coeficientes que afecta a las escalas de peso en la valoración del baremo de valoración de dependencia según el tipo de apoyo de otra u otras personas es:

a)		En supervisión es 0,80.
b)		En física parcial es 0,85.
c)		En sustitución máxima es 0,95.
d)		En apoyo especial es 1,2.

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Preguntas falladas:
Preguntas no contestadas:
NOTA: