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Test 16 Ley 39/2015, PAC (Colección 2023)

Test 16 Ley 39/2015, PAC (Colección 2023)

La máxima puntuación de este test son 8 puntos

Por cada pregunta fallada se le va restando 0.25 puntos a la nota final

Cada pregunta acertada equivale a 1 punto

Cada pregunta no contestada equivale a 0 puntos



1 - El trámite de audiencia, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿en qué momento deberá producirse?.
a) Una vez emitido el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.
b) Una vez instruido el procedimiento, después de redactar la propuesta de resolución.
c) Una vez emitidos los informes requeridos por el órgano instructor y practicadas las pruebas que hayan sido admitidas.
d) Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso de que éstos formaran parte del procedimiento.



2 - Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:
a) No superior a treinta días ni inferior a diez.
b) No inferior a diez días ni superior a quince.
c) En ningún caso inferior a veinte días.
d) No superior a diez días.



3 - La creación de sedes electrónicas debe estar sujeta a los siguientes principios:
a) Transparencia, publicidad, propiedad, conectividad y claridad.
b) Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
c) Transparencia, publicidad, estabilidad, orientación específica y operabilidad.
d) Transparencia, publicidad, especificidad, igualdad y robustez tecnológica.



4 - Según la Ley 39/2015, ¿es posible que el órgano competente para la revisión de oficio de un acto o disposición nulos de la Administración General del Estado inadmita a trámite las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado?
a) No. El Dictamen del Consejo de Estado es requisito imprescindible para la revisión de oficio de actos o disposiciones nulos, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015.
b) Sí, cuando las solicitudes de revisión no se basen en alguna causa de nulidad de pleno derecho o carezcan de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
c) Sí, pero si no acude al Consejo de Estado debe impugnar la solicitud en vía contencioso-administrativa.
d) Sí, pero debe hacerlo en el plazo de 6 meses o se producirá la caducidad del procedimiento y, en ese caso, deberá acudir bien al Consejo de Estado o bien a la Jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la solicitud del interesado.



5 - Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los requisitos previstos en el art. 40.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado:
a) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación.
b) Interponga cualquier recurso que proceda.
c) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido, aunque no del alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso procedente o no.
d) A y B on correctas.



6 - Según el art. 9 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados digitales de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados digitales de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de los sistemas previstos en las letras a) y b) del mencionado artículo, sea posible para todo procedimiento.
d) La aceptación de alguno de los sistemas de identificación del art. 9 citado, por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.



7 - Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?
a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas con independencia de su condición de empleado público.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, excluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.



8 - El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a la inderogabilidad singular, que:
a) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 45.
d) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.





Preguntas acertadas:

Preguntas falladas:

Preguntas no contestadas:

NOTA:

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