Examen parte 3 dos plazas de Subalternos/as Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2018

La máxima puntuación de este test son 10 puntos

Por cada pregunta fallada se le va restando 0.25 puntos a la nota final

Cada pregunta acertada equivale a 1 punto

Cada pregunta no contestada equivale a 0 puntos

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1 - Conforme el artículo 17 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los archivos de documentos:

a)		Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la integridad y conservación del documento, así como su consulta por un plazo máximo de 20 años desde su archivo.
b)		Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
c)		Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la integridad y conservación del documento, así como su consulta por un plazo máximo de 50 años.
d)		Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su archivo.

2 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento:

a)		La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
b)		La resolución, el desistimiento, la renuncia a la tramitación del expediente, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
c)		La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de prescripción.
d)		La resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

3 - Conforme el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, los trabajadores acorde con su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, tendrán el deber de:

a)		Informar de inmediato a la autoridad sanitaria de la empresa, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
b)		Utilizar correctamente, los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
c)		Cooperar con el resto de trabajadores para garantizar condiciones de trabajo seguras.
d)		Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos imprevistos, las máquinas, aparatos, herramientas y, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

4 - Conforme el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores se iniciarán:

a)		Siempre a petición de parte.
b)		Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
c)		Siempre de oficio a petición de autoridad judicial.
d)		De oficio o a petición de parte.

5 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se entiende por denuncia?:

a)		Se entiende, por denuncia, el acto por el que el órgano competente, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
b)		Se entiende, por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
c)		Se entiende, por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento sancionador.
d)		Se entiende, por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de cualquier Administración Pública la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

6 - A tenor del artículo 3.1 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la información particular es:

a)		La concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.
b)		La concerniente al estado o contenido de los procedimientos finalizados, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.
c)		La concerniente al estado o contenido de los procedimientos finalizados, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se custodien los expedientes.
d)		La concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se custodien los expedientes.

7 - El artículo 15 del Reglamento Orgánico de los Distritos establece respecto a la periodicidad de las sesiones del Tagoror:

a)		El Tagoror celebrará como mínimo una sesión ordinaria cada mes, salvo que acuerde una periodicidad mayor.
b)		ElTagoror celebrará como mínimo una sesión ordinaria al trimestre, salvo que acuerde una periodicidad menor, pudiéndose convocar sesiones urgentes a iniciativa del Alcalde.
c)		El Tagoror celebrará como mínimo una sesión ordinaria al trimestre, salvo que acuerde una periodicidad menor, pudiéndose convocar sesiones extraordinarias, que podrán ser, además urgentes, a iniciativa del Concejal Presidente, de la mayoría absoluta de los vocales o del Alcalde.
d)		El Tagoror celebrará como mínimo una sesión extraordinaria al trimestre, salvo que acuerde una periodicidad menor, pudiéndose convocar sesiones urgentes, a iniciativa del Concejal- Presidente, de la mayoría absoluta de los vocales o del Alcalde.

8 - Respecto al desistimiento y renuncia por los interesados, regulado en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)		Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos.
b)		Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud.
c)		Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
d)		Una vez alcanzado el trámite de audiencia, los interesados no podrán desistir de su solicitud ni renunciar a sus derechos.

9 - La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en su art. 15, establece los principios de la acción preventiva. Señala cuál de los siguientes es falso:

a)		Combatir los riesgos en su origen.
b)		Tener en cuenta la evolución de la técnica.
c)		Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
d)		Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

10 - El artículo 17 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, establece que los equipos de protección individual deberán de utilizarse cuando:

a)		Siempre y cuando los facilite el empresario.
b)		Los riesgos se puedan evitar.
c)		Siempre y cuando los compre el empresario.
d)		Los riesgos no se puedan evitar.

Preguntas acertadas:
Preguntas falladas:
Preguntas no contestadas:
NOTA: