Primer ejercicio parte 4 Técnico de Administración General Ayuntamiento de El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife) 16/11/2023

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Cada pregunta acertada equivale a 1 punto

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1 - El artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que, Corresponderá .............. de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria:

a)		Al Concejal Delegado en materia de Hacienda.
b)		Al Alcalde.
c)		Al Pleno.
d)		A la Junta de Gobierno Local.

2 - El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe) es la plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado, a través de un único punto. Además, está abierto a que otras Administraciones Públicas puedan adherirse al mismo:

a)		Verdadero, se encuentra regulado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
b)		Falso.
c)		No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 10.000 euros.
d)		No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 6.000 euros.

3 - En relación a la transparencia en la actividad pública, en concreto la publicidad activa, el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, determina que, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación, entre otros:

a)		La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. En ambos casos cuando exceda el valor de 100.000 euros.
b)		Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
c)		Información relativa a los contratos menores, cuando el importe sea superior a 5.000 euros.
d)		Ninguna de las anteriores es correcta.

4 - Las medidas provisionales que se puedan adoptar en un procedimiento administrativo, se regulan en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas se adoptarán:

a)		Iniciado el procedimiento, en cualquier caso.
b)		Siempre con anterioridad al inicio del procedimiento.
c)		Antes de la iniciación del procedimiento administrativo en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.
d)		Inmediatamente se conozca la actuación realizada por un particular, aunque las medidas provisionales puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

5 - El artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio establece:

a)		En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b)		En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
c)		El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
d)		En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución, produciendo la caducidad automáticamente transcurrida un mes sin la realización de actuación alguna.

6 - En relación a la caducidad:

a)		No pone fin al procedimiento administrativo.
b)		Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
c)		La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
d)		Cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

7 - Respecto a la potestad sancionadora de las administraciones públicas:

a)		Se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, por razones de urgencia y gravedad.
b)		No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
c)		Aunque en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación no podrá realizarse en una fase posterior.
d)		Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos, siempre y cuando fueren infracciones graves o muy graves.

8 - El artículo 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula el aviso de puesta a disposición de las notificaciones:

a)		La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
b)		La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, cuando así se hubiere admitido por el interesado.
c)		La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
d)		El aviso informando de la puesta a disposición de una notificación, se realizará cuando la notificación se realice únicamente por medios electrónicos.

9 - Considerando la regulación que de la responsabilidad patrimonial realiza la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)		En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
b)		El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
c)		En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
d)		En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial no será posible finalizar el procedimiento mediante terminación convencional.

10 - La convalidación del acto administrativo, regulada en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, implica:

a)		Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
b)		Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
c)		La Administración podrá convalidar los actos nulos y anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
d)		La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.

Preguntas acertadas:
Preguntas falladas:
Preguntas no contestadas:
NOTA: