Primer ejercicio parte 4 Técnico de Administración General Ayuntamiento de El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife) 16/11/2023

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1 - El artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que, Corresponderá .............. de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria:

a)		Al Concejal Delegado en materia de Hacienda.
b)		Al Alcalde.
c)		Al Pleno.
d)		A la Junta de Gobierno Local.

2 - El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe) es la plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado, a través de un único punto. Además, está abierto a que otras Administraciones Públicas puedan adherirse al mismo:

a)		Verdadero, se encuentra regulado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
b)		Falso.
c)		No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 10.000 euros.
d)		No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 6.000 euros.

3 - En relación a la transparencia en la actividad pública, en concreto la publicidad activa, el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, determina que, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación, entre otros:

a)		La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. En ambos casos cuando exceda el valor de 100.000 euros.
b)		Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
c)		Información relativa a los contratos menores, cuando el importe sea superior a 5.000 euros.
d)		Ninguna de las anteriores es correcta.

4 - Las medidas provisionales que se puedan adoptar en un procedimiento administrativo, se regulan en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas se adoptarán:

a)		Iniciado el procedimiento, en cualquier caso.
b)		Siempre con anterioridad al inicio del procedimiento.
c)		Antes de la iniciación del procedimiento administrativo en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.
d)		Inmediatamente se conozca la actuación realizada por un particular, aunque las medidas provisionales puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

5 - El artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio establece:

a)		En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b)		En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
c)		El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
d)		En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución, produciendo la caducidad automáticamente transcurrida un mes sin la realización de actuación alguna.

6 - En relación a la caducidad:

a)		No pone fin al procedimiento administrativo.
b)		Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
c)		La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
d)		Cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

7 - Respecto a la potestad sancionadora de las administraciones públicas:

a)		Se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, por razones de urgencia y gravedad.
b)		No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
c)		Aunque en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación no podrá realizarse en una fase posterior.
d)		Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos, siempre y cuando fueren infracciones graves o muy graves.

8 - El artículo 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula el aviso de puesta a disposición de las notificaciones:

a)		La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
b)		La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, cuando así se hubiere admitido por el interesado.
c)		La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
d)		El aviso informando de la puesta a disposición de una notificación, se realizará cuando la notificación se realice únicamente por medios electrónicos.

9 - Considerando la regulación que de la responsabilidad patrimonial realiza la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)		En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
b)		El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
c)		En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
d)		En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial no será posible finalizar el procedimiento mediante terminación convencional.

10 - La convalidación del acto administrativo, regulada en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, implica:

a)		Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
b)		Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
c)		La Administración podrá convalidar los actos nulos y anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
d)		La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.

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1 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 párrafo tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a los órganos colegiados:

a)		Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.
b)		La convocatoria de las sesiones será siempre necesaria e imprescindible.
c)		Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan la mayoría simple de sus miembros.
d)		Los órganos colegiados solo podrán celebrar sesiones cuando el Presidente las haya convocado con al menos dos días hábiles de antelación.

2 - En un Ayuntamiento el Alcalde se plantea la adquisición de cámaras o videocámaras para la instalación en los pasillos del mismo:

a)		En las administraciones públicas no es posible la implantación de cámaras o videocámaras.
b)		Será posible llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.
c)		Será posible siempre y cuando existan precedentes de comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones del Ayuntamiento.
d)		La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, permite dicho supuesto si los datos obtenidos se suprimen en un plazo máximo de 15 días.

3 - Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso a la información, según el artículo 46 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante. Sin embargo, como establece el artículo 45 del citado cuerpo legal, cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados:

a)		Se les concederá un plazo de diez días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, suspendiéndose el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
b)		Se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, no suspendiéndose el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
c)		No se les concederá a los terceros plazo alguno para realizar alegaciones ya que no procede, en este momento procedimental, suspender el plazo para dictar resolución.
d)		Se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, suspendiéndose el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

4 - El artículo 34 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en sus preceptos que:

a)		Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines.
b)		Las administraciones públicas habilitarán en sus presupuestos, en la medida de lo posible, las consignaciones necesarias para la financiación de las adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan.
c)		Las administraciones públicas nunca fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.
d)		Las administraciones públicas fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de exclusivamente exenciones.

5 - El Presidente de una sociedad dependiente del Ayuntamiento le comunica que desea aprobar las cuentas anuales, y le pide asesoramiento sobre el órgano competente para ello, en base al artículo 160 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, será:

a)		El Consejo de Administración.
b)		El Presidente de la Sociedad.
c)		El Consejero Delegado a propuesta del Gerente.
d)		La Junta General.

6 - Una vez aprobadas las cuentas anuales, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 279 determina que:

a)		Dentro de los quince días siguientes a la aprobación, los administradores de la sociedad, las presentarán para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social.
b)		Dentro del mes siguiente a la aprobación, los administradores de la sociedad, las presentarán para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social.
c)		No es necesario el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
d)		Únicamente tiene que depositarse en el Registro Mercantil el nombramiento/cese de los consejeros de la sociedad, las cuentas anuales, previa fiscalización por la Intervención Municipal, se depositarán en el Registro Municipal de Cuentas de la Sociedad, los cuales se conservarán durante el plazo de 6 años.

7 - El artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece en el apartado 2 que:

a)		La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, podrá exigir en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
b)		Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las autoridades y personal a su servicio.
c)		La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
d)		La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido únicamente por dolo, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

8 - El artículo 57 de La Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, indica:

a)		Si transcurrieran cinco años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el Capítulo III del presente Título. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación.
b)		Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de un año.
c)		La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo cuarenta y ocho.
d)		El pago se verificará únicamente mediante transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por este medio.

9 - Respecto a la ejecución subsidiaria, como medio de ejecución forzosa, regulada en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)		En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí, nunca a través de terceras personas, a costa del obligado.
b)		El importe de los gastos, daños y perjuicios no podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
c)		Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos personalísimos de no hacer o soportar.
d)		Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

10 - En relación a la invalidez del acto administrativo, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en el artículo 125 determina que, En el ámbito de la legislación básica de procedimiento común se consideran anulables y, por ello, susceptibles de convalidación los actos siguientes:

a)		Las resoluciones de órganos unipersonales dictadas por los titulares en que se dé alguna causa de abstención cuando hayan seguido el procedimiento legalmente establecido, aunque constituyan infracción penal.
b)		Los Convenios suscritos por el Alcalde sin la autorización del Pleno, hasta tanto este los ratifique.
c)		Los actos de ejecución de potestades de Intervención en los derechos de particulares realizados sin el previo apercibimiento a los interesados.
d)		Las resoluciones del Alcalde dictadas en materia de competencia del Pleno siempre que, al dar cuenta de ellos, no se hayan ratificado expresamente.

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1 - Las formaciones políticas y las fundaciones y entidades vinculadas a ella quedan sometidas a la actuación de la Audiencia de Cuentas de Canarias:

a)		En relación con el ejercicio de todas sus funciones.
b)		Exclusivamente en lo que atañe a la justificación de las subvenciones que reciban de alguna de las entidades a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 4/1982, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas y de lo establecido en la legislación básica sobre financiación de los partidos políticos.
c)		Exclusivamente en lo que atañe a la justificación de las subvenciones que reciban de alguna entidad local y sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas y de lo establecido en la legislación básica sobre financiación de los partidos políticos.
d)		No están sometidas a la mencionada actuación.

2 - Los órganos de contratación de las entidades locales canarias, en materia de contratación han de remitir a la Audiencia de Cuentas la siguiente información:

a)		Únicamente remitirán dentro de los seis meses siguientes a la formalización una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos especiales.
b)		Exclusivamente, remitirán anualmente y dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, una relación certificada comprensiva de todos los contratos formalizados en el ejercicio precedente a, comprensiva de los contratos celebrados por ellas y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, incluidos los contratos menores, identificados estos últimos como aquellos contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Se exceptúan de esta obligación aquellos contratos de importe inferior a 5.000 euros que se hayan satisfecho a través del sistema de anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos menores.
c)		Remitirán anualmente y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, una relación certificada comprensiva de todos los contratos formalizados en el ejercicio precedente a, comprensiva de los contratos celebrados por ellas y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, incluidos los contratos menores, identificados estos últimos como aquellos contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Se exceptúan de esta obligación aquellos contratos de importe inferior a 5.000 euros que se hayan satisfecho a través del sistema de anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos menores. Además, a lo largo del ejercicio y dentro de los tres meses desde la formalización del contrato cumplirán con la obligación de remitir una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos especiales, y demás información contractual indicada en el artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
d)		No tienen obligación de remitir ningún tipo de información en materia contractual, pero si en materia de Convenios de Colaboración tal y como se observa en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3 - Las Corporaciones Locales podrán recuperar de oficio sus bienes patrimoniales:

a)		En cualquier tiempo.
b)		En el plazo de seis meses a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios.
c)		En el plazo de un año a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios.
d)		En ningún plazo, ya que esta potestad no puede ejercerse para este tipo de bienes.

4 - De los siguientes bienes demaniales cuál no es de servicio público de conformidad con el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:

a)		Casa Consistorial.
b)		Plaza.
c)		Mercado.
d)		Museo.

5 - De acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿Cuál de las siguientes características no es propia de un Reglamento Comunitario?:

a)		Tendrá un alcance general.
b)		Para ser aplicable en los Estados Miembros requiere una intervención normativa por parte de los mismos (trasposición).
c)		Será obligatorio en todos sus elementos.
d)		Será directamente aplicable en cada Estado Miembro.

6 - De conformidad con el artículo 6.5 de Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ¿Cuál de los siguientes requerimientos mínimos que deberán cumplir el “Plan de Medidas Antifraude”, no es correcto?:

a)		Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en cualquier momento desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.
b)		Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.
c)		Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.
d)		Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.

7 - De entre las siguientes materias, ¿Cuál podrá ser objeto de regulación por un Decreto-ley?:

a)		Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
b)		Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
c)		Régimen de las Comunidades Autónomas.
d)		Ayudas y subvenciones.

8 - Señale la opción correcta:

a)		De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y al Defensor del Pueblo de acuerdo con la Constitución, los Reglamentos de las Cámaras y la Ley Orgánica que regule la figura del Defensor del Pueblo, que actualmente es la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
b)		De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y al Congreso, de acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados.
c)		De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
d)		De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos del Senado.

9 - ¿Cuándo pasan los Tratados Internacionales a formar parte del ordenamiento jurídico interno?:

a)		Desde que estén válidamente celebrados.
b)		Una vez publicados oficialmente en España, tras ser válidamente celebrados.
c)		No entran a formar parte del ordenamiento jurídico español.
d)		Una vez sean publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya que como País comunitario se requiere de esta publicación para integrar los Tratados en ordenamiento jurídico español.

10 - Se pretende aprobar una Ordenanza General de Subvenciones para ello se plantean tramitar los siguientes trámites, pero se detecta que uno es incorrecto. Señale cuál:

a)		Aprobación inicial por el Pleno.
b)		Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c)		Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
d)		Requiere aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

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1 - Señale la opción correcta:

a)		Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública no podrán superarse en ningún caso, tal y como se desprende de la propia constitución.
b)		El principio de estabilidad presupuestaria se introduce en la Constitución Española en el año 2010 como consecuencia del contexto de crisis económicas que azotó a España desde 2008 y a raíz de las obligaciones derivadas de la pertenencia de España a la Unión Europea.
c)		El déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con el producto interior bruto, ha de ser fijado por una ley ordinaria, que actualmente se encuentra en vigor en forma de texto articulado tras la delegación legislativa realizada por las Cortes Generales al Gobierno mediante a una Ley de Bases.
d)		En caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados se podrán superar los límites de déficit estructural y volumen de deuda pública.

2 - En materia de protección de derechos fundamentales señale la opción correcta:

a)		Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y a 29 y 30.2 de la Constitución, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
b)		Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
c)		A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y a 29 y 30.2 de la Constitución Española.
d)		A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección segunda del Capítulo segundo de la Constitución Española.

3 - ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado Español de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española?:

a)		En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
b)		En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Solo las Comunidades Autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
c)		En municipios, en provincias, islas y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
d)		En municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

4 - En relación de con los Estatutos de Autonomía señale cual es la opción falsa:

a)		Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
b)		Los Estatuto de Autonomía deberán contener, entre otras cuestiones, la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma a la que se refiera.
c)		La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
d)		Los Estatutos de Autonomías regularan las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

5 - A efectos de la elección de Senadores:

a)		La provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye una circunscripción electoral.
b)		Corresponden a la agrupación de Ibiza- Formentera tres Senadores.
c)		Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas tres Senadores.
d)		Tenerife constituye una circunscripción electoral.

6 - Respecto al Tribunal de Cuentas, señale cuál de las siguientes es incorrecta:

a)		Le corresponde, entre otras funciones la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.
b)		Le corresponde, entre otras funciones el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
c)		Le corresponde, entre otras, la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes, como supremo órgano consultivo del Gobierno.
d)		Le corresponde entre otras funciones la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. Se considera que una fundación o una entidad está vinculada o es dependiente de un partido político cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

7 - Desde la primera votación de investidura para la elección del Presidente del Gobierno por parte del Congreso de los Diputados mediante a la obtención de la confianza de dicha Cámara, ¿Cuándo disolverá el Rey las Cámaras?:

a)		Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso cuando hayan transcurrido dos meses.
b)		Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso cuando hayan transcurrido tres meses.
c)		Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso cuando hayan transcurrido 50 días naturales.
d)		Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso cuando hayan transcurrido un mes.

8 - La Comunidad Autónoma de Canarias, la organización territorial de la Administración General del Estado, cuenta:

a)		Únicamente con un Delegado de Gobierno, dos Subdelegados de Gobierno correspondiendo uno a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro a la Provincia de las Palmas de Gran Canaria, sin que existan Directores Insulares.
b)		Con dos Delegados del Gobierno correspondiendo uno a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro a la Provincia de las Palmas de Gran Canaria.
c)		Con un Delegado del Gobierno y con siete Subdelegados de Gobierno correspondiendo uno a cada isla. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura comprende el ámbito territorial de las demás islas agregadas administrativamente a cada una de ellas.
d)		Con un Delegado de Gobierno, dos Subdelegados de Gobierno correspondiendo uno a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro a la Provincia de las Palmas de Gran Canaria y cinco Directores Insulares correspondientes a Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. El ámbito territorial de las Direcciones Insulares de Lanzarote y Fuerteventura comprende el de las demás islas agregadas administrativamente a cada una de ellas.

9 - En relación con el Poder Judicial en la Constitución Española, señale la opción falsa:

a)		La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
b)		Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
c)		El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde a los Juzgados, Tribunales ordinarios y Tribunales de excepción.
d)		El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

10 - El procedimiento de reforma abreviado del Estatuto de Autonomía de Canarias:

a)		Cuando la reforma afectare solo al capítulo I del título I del Estatuto.
b)		Cuando la reforma afectare solo al capítulo II del título I del Estatuto.
c)		Cuando la reforma afectare solo al capítulo III del título I del Estatuto.
d)		Cuando la reforma afectare solo al capítulo II del título II del Estatuto.

Preguntas acertadas:
Preguntas falladas:
Preguntas no contestadas:
NOTA: