1 - Según el tenor literal del artículo 15.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, respecto de las operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo:
Deberán ser concertadas por la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Podrán ser concertadas por la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Deberán ser concertadas únicamente por la empresa respecto de sus trabajadores.
2 - Según lo dispuesto en el Título Preliminar de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dicha ley tiene por objeto:
La adopción de medidas para la minimización de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de amparo a las víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación y todas las que resulten necesarias.
La adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación y todas las que resulten necesarias.
La adopción de medidas urgentes para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de protección a las víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de vigilancia y recuperación y todas las que resulten necesarias.
3 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la participación institucional, a efectos de esta ley, es el derecho de los empleados públicos a participar:
A través de organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
En la determinación de las condiciones de trabajo ante los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que reglamentariamente se determine.
En los órganos de control de las entidades u organismos que se determine.
4 - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es un principio ético de los empleados públicos:
Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.
5 - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la negociación colectiva de los empleados públicos con contrato laboral se regirá:
Únicamente por el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Únicamente por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo IV, título III, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que expresamente les son de aplicación.
6 - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que,:
En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el setenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento.
En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el ochenta por ciento ni sea menos del veinte por ciento.
7 - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, constituye uno de los principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias:
La adopción de medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza.
La adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y protección integral a las víctimas.
La adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación.
8 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es un principio de conducta de los empleados públicos:
Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizar los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
El respeto de la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
9 - Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:
El concierto con una actividad especializada para el desarrollo de actividades de prevención, exime al empresario de su deber de cumplimiento, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
El deber de protección de las Administraciones Públicas respecto del personal al su servicio se encuentra limitado dadas las singularidades de su régimen jurídico.
El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
10 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, los actos de violencia de género podrán responder a cualquiera de la siguiente tipología:
Violencia reproductiva, vicaria, machista y obstétrica.
Violencia física, psicológica, sexual y económica.
Violencia psicosomática, machista, asexual y vicaria.