Examen parte 1 Auxiliar Administrativo Aytmo. de Rocafort (Valencia) 2014

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Las respuestas de la IA pueden contener errores.
1 - El principio de estabilidad presupuestaria:
Viene recogido en la Constitución Española desde su aprobación en 1978, pero no fue desarrollado por norma con rango de Ley hasta el año 2011.
Viene recogido en el artículo 135, apartado 1 de la Constitución, que fue objeto de reforma en el año 2011 y según el cual, todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
No es un principio recogido en la Constitución, sino únicamente en la Ley de estabilidad presupuestaria.
Todas las respuestas son falsas.
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2 - Según el artículo 13.2 de la Constitución:
Sólo los españoles son titulares del sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, salvo lo que pueda establecerse por tratado o ley para los extranjeros comunitarios.
Sólo los españoles son titulares del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, salvo lo que pueda establecerse por tratado o ley para los extranjeros en general, atendiendo a criterios de reciprocidad.
En ningún caso puede reconocerse a los extranjeros el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales.
En ningún casos puede reconocerse a los extranjeros el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales, salvo que se trate de extranjeros comunitarios.
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3 - Según la Constitución Española cual de estas no es una competencia exclusiva del Estado:
Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
Sanidad exterior y Servicios Sociales. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
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4 - El artículo 142 de la Constitución Española de 1978 establece que:
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrá implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
El estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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5 - Para reformar un Estatuto de Autonomía:
Es necesaria la aprobación por las Cortes Generales por mayoría cualificada de tres quintos de cada cámara.
Es necesaria la aprobación por Ley Orgánica, salvo que la reforma no afecte a la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
Es necesaria aprobación por Ley Orgánica en todo caso.
No puede aprobarse con la oposición del gobierno de la nación.
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6 - El derecho de reunión pacífica y sin armas en lugares de tránsito público, ¿requiere autorización previa?
Sí.
Sí, por parte de la autoridad gubernativa.
No, se trata de un derecho fundamental, a diferencia de las manifestaciones.
No, lo que requiere es comunicación previa a la autoridad.
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7 - De los siguientes derechos, ¿cuál de ellos es susceptible de recurso de amparo para su protección y defensa?
El derecho al trabajo.
El derecho a la propiedad.
El derecho de fundación.
Ninguna de los derechos anteriores.
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8 - El recurso potestativo de reposición podrá interponerse:
Contra todos los actos administrativos.
Contra las resoluciones y los actos trámite, si estos últimos deciden directamente o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefesión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Contra los actos administrativos de naturaleza tributaria.
Las respuestas B y C son correctas.
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9 - Los actos de las Administraciones Públicas:
Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Se considerarán válidos a partir de que transcurra el plazo para su impugnación sin que se haya interpuesto recurso alguno contra los mismos.
Puede tener eficacia retroactiva en cualquier supuesto, siempre que tal circunstancia se indique expresamente.
Pueden tener eficacia retroactiva excepcionalmente, con el único requisito de que produzcan efectos favorables al interesado.
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10 - Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tiene uno de los siguientes derechos:
A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que no tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, incluso cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
A utilizar las lenguas oficiales de cada Comunidad en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
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11 - Las Administraciones Públicas, podrán declarar la nulidad de los actos administrativos en los supuestos de nulidad de pleno derecho:
En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
En cualquier momento, por acuerdo del Pleno.
En el plazo de cuatro años, mediante acto dictado por el órgano autor del acto.
Ninguna de las respuestas es correcta.
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12 - Necesariamente ha de acreditarse la representación en un procedimiento:
Cuando se renuncie a un derecho del representado.
En los actos de mero trámite.
En todo caso.
Sólo cuando así lo pida la administración.
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13 - Indique la respuesta correcta según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que hubieran sido planteadas por los interesados, indique la respuesta correcta:
El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas como consecuencia de una orden de un superior jerárquico, sin mediar otro trámite.
El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos, por un plazo no superior a 15 días, para que formulen alegaciones pertinentes, y aporten, en su caso, los medios de prueba.
El órgano competente no podrá pronunciarse sobre las mismas, salvo que se trate de un procedimiento sancionador.
El órgano competente no podrá pronunciarse sobre las mismas.
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14 - En los supuestos de actos declarativos de derechos viciados de anulabilidad:
Está excluida la revisión de oficio.
Está admitida la declaración de lesividad.
Son revocables en cualquier momento.
Ninguna de las anteriores.
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