Examen parte 4 Trabajador/a Social Diputación Foral de Vizcaya 2018

1 - El procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV en su “Cuestionario de prevención y detección de factores de riesgo de malos tratos” (Cuestionario-1) establece como objetivo del' instrumento:

Identificar a la población mayor de 80 años en situación de vulnerabilidad a través de la detección y seguimiento de factores de riesgo.

Identificar a la población mayor de 75 años en situación de vulnerabilidad a través de la detección y seguimiento de factores de riesgo.

Identificar a la población mayor de 65 años en situación de vulnerabilidad a través de la detección y seguimiento de factores de riesgo.

2 - El Cuestionario de prevención y detección de factores de riesgo de malos tratos físicos y económicos tiene como público - objetivo:

A la población mayor de 65 años en situación de vulnerabilidad o de riesgo de sufrir malos tratos.

A la población mayor de 65 años en situación de vulnerabilidad o de riesgo de sufrir malos tratos, especialmente aquellas personas mayores que padecen una situación de dependencia para sus actividades de la vida diaria.

A la población mayor de 65 años en situación de vulnerabilidad o de riesgo de sufrir malos tratos, especialmente aquellas personas mayores de padecen una situación de dependencia severa para sus actividades de la Vida diaria.

3 - El criterio 1 del instrumento de valoración de la exclusión social, regulado en el Decreto 385/2013, de 16 de julio:

Se refiere a la merma de la autonomía personal y económica.

Se refiere a las carencias en los ámbitos personal, económico-laboral y de la salud.

Se refiere a las carencias personales y relacionales, con base en indicadores del ámbito convivencial, del ámbito personal y del ámbito social.

4 - De conformidad con lo previsto en el Decreto 385/2013, de 16 de julio, la exclusión social:

Puede presentar una intensidad leve, moderada o grave, en función de ta falta de recursos económicos que presente la persona.

Es multicausal.

Se refiere a las carencias que las personas presentan en, relación con sus recursos económico-financieros, de empleo y vivienda.

5 - Dentro del criterio 1 del instrumento de valoración de la exclusión social:

Las personas que presenten más de ocho (8) indicadores con valor “0” podrán encontrarse en situación de inclusión social o riesgo de exclusión social.

Las personas que presenten más de ocho (8) indicadores con valor “0” podrán encontrarse en situación de exclusión social o riesgo de exclusión social.

Las personas que presenten ocho (8) o menos indicadores con valor “0” podrán encontrarse en situación de inclusión social o riesgo de exclusión social.

6 - Las dimensiones 9 (“competencias y habilidades sociales”, 10 ("educación, formación, información y capacitación”), 11 (“dinamismos vitales”) y 12 ("usos de los sistemas de protección”):

Forman parte del ámbito convivencial del instrumento de valoración de la exclusión social.

Forman parte del ámbito personal del instrumento de valoración de la exclusión social.

Forman parte del ámbito social del instrumento de valoración de la exclusión social.

7 - Constituye un requisito de necesidad para el acceso a los servicios de día para atender necesidades de inclusión social y a los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación:

Contar con un diagnóstico de enfermedad mental crónica o trastorno mental grave y prolongado y comprometerse a un itinerario de inclusión social.

Comprometerse a un itinerario de inclusión social; tener conciencia del problema y motivación para el cambio y no presentar consumos de sustancias que incidan en la adecuada convivencia y funcionamiento del centro.

Requerir de una media o alta intensidad de apoyo en su proceso de inclusión social.

8 - La exigencia en los servicios o centros de día para atender necesidades de inclusión social:

Debe ser alta, correspondiendo la baja y media a los servicios sociales de base.

Podrá ser baja, media o alta.

Será media o alta, correspondiendo la baja exigencia al ámbito de atención primaria.

9 - Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la violencia de género comprende:

Cualquier acto de violencia física y psicológica.

Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

Los maltratos domésticos.

10 - Según el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2015, de 19 de mayo, por el que se regula el Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia Filio Parental, por violencia filio parental se entiende:

Cualquier acto de violencia ejercido por un hijo o hija sobre su madre.

Cualquier manipulación de los y las menores en.el ámbito familiar.

Cualquier acto perjudicial ejercido por parte de un hijo o hija con el fin de ganar poder y control sobre su madre, padre u otros familiares que cumplan ese rol en el núcleo familiar.

11 - A fin de garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias:

Velarán porque en los procedimientos directos con personas menores de edad se utilice un idioma que entiendan y un lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento.

En los procedimientos directos con personas menores de edad velarán por conocer su opinión través de sus representantes legales.

Velarán para que las personas menores de edad sean informadas de su estado de salud y, en su caso, tratamiento médico a que son sometidas atendiendo a su edad, madurez, estado psicológico y afectivo.

12 - En las notificaciones de situaciones en las que existan indicios de desprotección grave en una persona menor de edad los servicios territoriales especializados de protección a la Infancia y a la adolescencia:

Elaborarán un plan individualizado de atención constando las intervenciones diseñadas en respuesta a las necesidades detectadas en la notificación.

Procederán a la recepción del caso, a su investigación y valoración complementaria a fin de determinar la gravedad de la situación y definir la orientación del caso.

Se procederá a la declaración de desamparo de la persona menor de edad al verse privada de la necesaria asistencia moral o material.

13 - La asunción de tutela por la administración pública competente en materia de protección de personas menores de edad....

Requiere, con la mayor celeridad posible, solicitar al Ministerio fiscal la adopción de las medias necesarias para hacerla efectiva.

Conlleva la suspensión dela patria potestad o tutela ordinaria.

Conlleva la atención del niño, niña o adolescente mediante acogimiento residencial.

14 - En una situación de riesgo de la persona menor de edad de cualquier índole...

La intervención de la administración pública competente se orientará a disminuir los indicadores de riesgo y a promover medidas para la protección y separación de la persona menor de edad del entorno familiar.

La intervención conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social en el que será tenida en cuenta la familia y la persona menor de edad.

Las dificultades familiares alcanzan una intensidad o persistencia tal que la persona menor de edad se ve privada de sus derechos , bienestar, de su desarrollo personal, familiar, social o educativo.

15 - Según la ley 3/2005 de 18 de febrero de Atención y Protección a la Infancia y la adolescencia, se entiende por Infancia:

El periodo de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de 12 años y por niños y niñas, las personas que se encuentren en dicho periodo de vida.

La etapa vital que va desde el nacimiento hasta los 18 años, momento en que pasa a ser joven.

El periodo cronológico comprendido entre los 0 y los 18 años, siempre que no hayan sido emancipados. La minoría de edad se entenderá referida a la establecida en el Código Penal para las disposiciones relativas a personas infractoras menores de edad.

16 - Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio de sus competencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, deben garantizar, entre otros, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser informados de sus derechos...

Únicamente a partir de los 7 años y de manera verbal y por escrito, en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la C.A.P.V.

Verbalmente y/o por escrito en un idioma que entiendan y con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento y, en su caso, a sus necesidades educativas especiales.

Este no es un principio recogido en el marco normativo actual.

17 - El mantenimiento de los niños, niñas y adolescentes en sus familias de origen, y en caso de que esto no sea conveniente para su interés, garantizar la adopción de medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el Acogimiento Familiar frente al institucional:

Es un principio rector de los poderes públicos en relación con los menores.

Es una orientación técnica.

El marco jurídico y competencias del sistema de Protección Infantil no recoge el contenido de este enunciado en materia de protección.

18 - Según el marco jurídico vigente en materia de Protección a la Infancia y la Adolescencia, se considera situación de desamparo:

La que se produce de derecho a causa del abandono de los deberes de cuidado de las personas menores de edad cuando éstas vean afectados sus derechos fundamentales.

La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando éstas queden privadas de la necesaria asistencia moral o material.

Las situaciones de desamparo no están recogidas en la ley actual, su definición la establecen los instrumentos técnicos que se han elaborado para ta valoración de las mismas.

19 - El acogimiento residencial, puede definirse como:

La medida prioritaria de guarda, de carácter judicial, que tiene como objetivo paliar parcialmente las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y ofrecer un ambiente en el que éstos tengan cubiertas sus necesidades físicas y materiales.

La medida alternativa de guarda, de carácter administrativo o judicial, cuya finalidad es ofrecer una atención integral en un entorno residencial a niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia.

Una medida paliativa y siempre secundaria que se pone en marcha únicamente cuando la situación de desprotección se considera irreversible.

20 - ¿Podrán ser, en algún caso, las personas mayores de 18 años destinatarias de los recursos de acogimiento residencial para la Infancia y la Adolescencia en situación de desprotección social?

Excepcionalmente y previo acuerdo entre la persona atendida y la Diputación Foral competente siempre que se incluya en un programa de emancipación, y que con anterioridad a su mayoría de edad, residieran ya en un recurso de la red de protección.

En ningún caso ya que al cumplir la mayoría de edad las personas pasan directamente a centros gestionados por el Programa Joven del Servicio de Inclusión Social.

Solo en algunos casos, cuando la persona atendida presente una discapacidad igual o superior al 65 % y tenga limitada su capacidad para la toma de decisiones.

21 - El ofrecimiento de adopción de las personas interesadas tiene como requisito obligatorio para su admisión la realización de un proceso de preparación previo a la adopción.

Verdadero.

Falso.

Solo en los casos de ofrecimientos en los que se detecten circunstancias especiales que requieran esta preparación.

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