Examen parte 2 Policía Local Ayuntamiento Mairena del Alcor 2018 (18 preg.)
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1 - Sobre la Declaración de lesividad de actos anulables el artículo 107 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:
La declaración de lesividad solo podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
La declaración de lesividad solo podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de inadmisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
2 - Al amparo del artículo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo:
Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un empleado público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o juicio.
Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma eléctrica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o juicio.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
3 - Al amparo del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. Así mismo:
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente conectables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente tolerables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
4 - El pleno ordinario de un Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes:
Debe celebrarse como mínimo cada dos meses.
Se constituye válidamente con la asistencia de una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación.
Debe ser convocado, al menos, con dos días hábiles de antelación.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5 - Respecto a las Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores el artículo 90 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula que además del contenido previsto en los artículos 88 y 89, la resolución incluirá:
La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos jurídicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos jurídicos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de existencia de infracción o responsabilidad.
La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
6 - Respecto de las ordenanzas fiscales:
El anuncio de exposición pública de su aprobación provisional, en caso de municipios de más de 20.000 habitantes, debe publicarse en un en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
Entran en vigor en el momento de su aprobación definitiva.
Se someterán a exposición pública tras su aprobación provisional durante un período mínimo de veinte días.
El anuncio de exposición pública de su aprobación provisional, será publicado en todo caso en el boletín oficial de la provincia.
7 - La terminación en los procedimientos sancionadores es regulada en el artículo 85 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de modo que:
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción penal y otra de carácter no patrimonial pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción penal y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
8 - El artículo 69 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la Declaración responsable y comunicación, articula:
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter confidencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la posibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
9 - Conforme dispone el artículo 62 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. No obstante:
Cuando el denunciante no haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá requerir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
10 - Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, conforme dispone el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios electrónicos que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.
Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.
Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de telemáticos que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
11 - La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, por ello, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Constitucional, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre a la Audiencia Nacional, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.
Ninguna de las anteriores es completamente cierta.
12 - Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por la ley Orgánica del Poder Judicial u otra Ley, de modo que conforme al artículo 9 de la misma los Tribunales y Juzgados del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho y:
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos públicos, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional.
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos públicos, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante el orden jurisdiccional penal.
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional.
Ninguna de las anteriores es cierta.
13 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
La reforma de la Constitución se someterá a referéndum en todo caso.
No puede iniciarse el procedimiento de reforma de la Constitución durante la vigencia del estado de alarma, excepción y sitio.
La iniciativa de reforma constitucional puede ser ejercida por el Gobierno.
En el procedimiento de revisión total de la Constitución previsto en el art. 168.1 CE, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada cámara.
14 - ¿Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?
La Constitución proclama la abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
El artículo 25 de la Constitución permite los trabajos forzados en tiempo de guerra.
Los condenados a penas de prisión tienen derecho a un trabajo remunerado.
La Constitución prohíbe las asociaciones secretas.
15 - En relación con la regulación de los deberes ciudadanos en la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
Pueden regularse por ley los deberes de los ciudadanos en casos de catástrofe.
Solo pueden establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Todos los españoles tienen el deber de trabajar.
El art. 31 CE contempla el deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario de alcance confiscatorio.
16 - Señale la opción incorrecta. Los cuerpos sometidos a disciplina militar...
Tienen derecho de petición colectiva.
Pueden ver exceptuado por ley el derecho a sindicarse libremente.
Pueden ejercer derecho de petición individualmente.
La ley puede limitar el ejercicio del derecho a sindicarse libremente.
17 - En relación con la regulación del Poder Judicial contenida en la Constitución, indique la afirmación incorrecta:
Los jueces en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos.
Los Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos.
Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por el Rey.
El Consejo General del Poder Judicial propone al Fiscal General del Estado.
18 - Los actos administrativos nulos:
No pueden ser objeto de conversión en otro acto distinto del que contenga los elementos constitutivos.
No implican la nulidad de los actos sucesivos en el procedimiento que fueran independientes del acto nulo.
Pueden ser convalidados por la Administración, subsanado los defectos de que adolezcan.
Implican la nulidad de todos los actos y trámites del procedimiento en todo caso.
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