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1 - De conformidad con la Ley 40/2015, cuando las Administraciones públicas, con ocasión de la adopción de medidas que limitan el ejercicio de derechos individuales o colectivos, eligen la medida menos restrictiva, motivan su necesidad para la protección del interés público y justifican su adecuación para lograr los fines que se persiguen, lo están haciendo en aplicación de:
El principio de proporcionalidad.
El principio de legalidad.
El principio de eficacia.