Primer ejercicio parte 2 Policía Local (Oposición) Ayuntamiento de Santander (Cantabria) 25/03/2023

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1 - De las siguientes, cuál es una actuación administrativa de fomento:
Subvención.
Autorización.
Contratación.
Comunicación previa.
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2 - Contra las disposiciones administrativas de carácter general, está previsto que pueda interponerse:
Recurso de alzada o de reposición.
Ni recurso de alzada ni de reposición.
Recurso de alzada o de reposición, dependiendo de si la disposición en cuestión procede de un órgano cuyos actos agotan la vía administrativa.
Ninguna de las tres respuestas afirmaciones anteriores es cierta.
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3 - En relación a los bienes comunales, es cierto que:
Su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
Son bienes patrimoniales.
Podrán pertenecer, únicamente, a Entidades locales menores.
Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es correcta.
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4 - La LRBRL establece que la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal de los Municipios a los que se refiere el Título X de dicha Ley:
Requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes de la corporación.
Requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la corporación.
Requiere el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la corporación.
Requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
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5 - En lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere, es cierto que:
No es posible exigir responsabilidad patrimonial, en vía administrativa, sólo judicial, por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública.
Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
Los particulares exigirán las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública a dichas autoridades y personal.
Los particulares podrán exigir a la Administración Pública o a las autoridades y personal a su servicio, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
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6 - A tenor del art. 20 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), está exento de responsabilidad criminal:
El que obre impulsado por miedo.
El que, al tiempo de cometer la infracción penal, padezca un trastorno mental transitorio.
El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
En los tres supuestos anteriores hay exención de responsabilidad penal.
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7 - ¿Es cierto que el error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, según el art. 14 CP, excluye la responsabilidad criminal?:
Depende.
Sí.
No.
Ninguna de las tres respuestas anteriores es cierta.
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8 - Se consideran también autores del delito (art. 28 CP):
Los que inducen a otro u otros a ejecutarlo.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
Tanto los que inducen como los que cooperan.
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9 - La circunstancia de prevalerse del carácter público que tenga el culpable del delito es, de acuerdo con los arts. 21 a 23 CP:
Una atenuante.
Una agravante.
Una atenuante o una agravante, dependiendo de las circunstancias concurrentes.
Ni una atenuante ni una agravante.
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10 - El art. 437 CP establece que la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado:
Con las penas de multa de diez a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.
Con las penas de multa de diez a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.
Con las penas de multa de seis meses a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de diez meses a dos años.