1 - ¿Dónde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del artículo 1.2 de la Constitución española de 1978?
En las distintas partes que forman el Estado español.
En el pueblo español.
En el Jefe del Estado y en el pueblo español.
En las Cortes Generales.
2 - ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978?
Las Cortes Generales.
El Congreso de los Diputados.
El Rey.
El pueblo español.
3 - ¿A quién le corresponde la defensa del ordenamiento constitucional?
A las Fuerzas Armadas.
Al Tribunal Constitucional.
Al Gobierno y a las Cortes Generales.
A las Cortes Generales.
4 - A tenor del contenido del artículo 1.1. de la Constitución española de 1978, ¿en qué tipo de Estado se constituyó el Estado español?
Democrático, de derecho y social.
Social, democrático y capitalista.
Social, liberal y de derecho.
La constitución del estado español no se recoge en el artículo citado en la pregunta.
5 - ¿Cuándo cesa el personal interino?
Cuando lo establezca el Pleno.
Cuando su plaza sea ocupada por personal funcionario de carrera.
Cuando lo establezca el Alcalde.
Cuando se cumpla el término de su contrato.
6 - ¿Qué personal es nombrado para desempeñar puestos de especial confianza o asesoramiento?
El personal eventual.
El personal funcionario de carrera.
El personal laboral.
El personal con relación de servicios permanente.
7 - ¿Qué concepto retributivo corresponde al nivel del puesto de trabajo del funcionario?
El complemento de destino.
El sueldo.
Los trienios.
El complemento específico.
8 - Según el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde al Presidente de la Junta:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los nombramientos de todos y cada uno de los funcionarios del Estado en Castilla y León.
Firmar los Decretos y Acuerdos de la Junta y ordenar, en su caso, la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Promulgar las leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León, así como ordenar su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y la remisión para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Acordar la disolución de las Cortes de Castilla y León en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía.
9 - De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuál de los siguientes principios NO es un principio rector.
Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.
Endurecer las penas previstas en el código penal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
10 - Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se considera discriminación directa e indirecta.
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.