1 - Conforme al artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de sus atribuciones de aprobación de las ordenanzas municipales en:
El alcalde-Presidente del Ayuntamiento cuando la delegación se acuerde por unanimidad de los asistentes a la sesión.
La Junta de Gobierno Local.
Es indelegable, salvo que se acuerde la delegación con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de componentes de la Corporación.
Es una atribución indelegable.
2 - De conformidad con el artículo 22 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en el siguiente caso:
Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario.
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
3 - El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece para las Administraciones Públicas la obligación de resolver y notificar. La ampliación del plazo máximo de resolución y notificación regulada en su artículo 23.1 establece que:
No podrá ser por plazo superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
No podrá ser por plazo superior a la mitad del establecido para la tramitación del procedimiento.
No podrá ser por plazo superior a tres meses.
No podrá ser por plazo superior a un mes.
4 - Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, respecto a los archivos de oficina o de gestión:
Son aquellos archivos existentes en algunos órganos y unidades administrativas para la custodia de los documentos en fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. Estos documentos, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización y consulta, serán objeto de transferencia al archivo central del Departamento respectivo, de acuerdo con los plazos establecidos durante el proceso de valoración.
Son aquellos archivos existentes en todos los órganos y unidades administrativas para la custodia de los documentos en fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. Estos documentos, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización y consulta, serán objeto de transferencia al archivo central del Departamento respectivo, de acuerdo con los plazos establecidos sin necesidad de proceso de valoración.
Son aquellos archivos existentes en todos los órganos y unidades administrativas para la custodia de los documentos en fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. Estos documentos, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización y consulta, serán objeto de transferencia al archivo central del Departamento respectivo, sin tener en cuenta los plazos establecidos durante el proceso de valoración.
Son aquellos archivos existentes en todos los órganos y unidades administrativas para la custodia de los documentos en fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. Estos documentos, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización y consulta, serán objeto de transferencia al archivo central del Departamento respectivo, de acuerdo con los plazos establecidos durante el proceso de valoración.
5 - Según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid, aprobado en Pleno, el 28 de noviembre de 2019, si un ciudadano, transcurrido un mes desde la presentación de la sugerencia o reclamación, no recibiera contestación alguna o cuando la contestación no resultara satisfactoria, podrá dirigirse en queja a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones que todo caso informará de sus actuaciones al interesado en el plazo máximo de:
1 mes.
2 meses.
15 días.
3 meses.
6 - De acuerdo con la literalidad del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tiene efecto:
Desestimatorio en todo caso la pretensión del interesado.
Estimatorio en todo caso la pretensión del interesado.
Desestimatorio en los procedimientos aquellos cuya estimación tenga como consecuencia que se transfieran facultades relativas al dominio público.
Estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
7 - Según se establece en el artículo 83 de la Ley 39/2015, si el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento acuerda un período de información pública, ¿Cómo será este plazo?
No podrá ser en ningún caso inferior o igual a veinte días.
No podrá ser en ningún caso inferior a veinte días.
No podrá ser en ningún caso inferior a treinta días naturales.
La información pública se regula en el artículo 82 de la Ley 39/2015.
8 - De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento:
La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, aun cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad, y la imposibilidad de material de continuarlo por causas sobrevenidas.
La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad, y la imposibilidad de material de continuarlo por causas sobrevenidas.
La resolución, la renuncia, el desistimiento al derecho en que se funde la solicitud, aun cuando tal desistimiento esté prohibido por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad, y la imposibilidad de material de continuarlo por causas sobrevenidas.
La caducidad del procedimiento por el silencio administrativo.
9 - Según lo establecido en el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido el plazo de .... desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad se producirá...:
Un mes/ el archivo.
Un año / el desistimiento.
Tres meses / la prescripción.
Seis meses / la caducidad.
10 - El artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta efectos de notificación:
Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
Cuando lo estime conveniente el instructor del expediente.
Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por la entidad local.