1 - Artículo 54.1 de la Ordenanza del Procedimiento Administrativo y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid indica textualmente sobre la sede electrónica que:
Es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de medios electrónicos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Valladolid.
Es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Valladolid.
Será única para todos los órganos de este Ayuntamiento, pudiendo incluir en la misma, a sus entidades y organismos públicos, así como las sociedades locales de capital mayoritariamente público y las mixtas de él dependientes.
Será única para todos los órganos de este Ayuntamiento, pudiendo incluir en la misma, a sus entidades y organismos públicos, así como las sociedades locales de capital mayoritariamente público y las mixtas no dependientes.
2 - A tenor del artículo 55.1 de la Ordenanza del Procedimiento Administrativo y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, indica textualmente que la sede electrónica se creará:
Mediante acuerdo del Pleno, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Comunidad, en su caso, y en el Boletín Oficial del Estado.
Mediante acuerdo del Pleno, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Comunidad, en su caso, y en el Boletín Oficial del Estado.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
3 - Según el artículo 25 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso:
La entrada en la zona de depósito de los archivos es de libre acceso.
Quienes acrediten un interés histórico, científico, estadístico o cultural relevante podrán solicitar al responsable del archivo autorización de entrada para el examen de la documentación obrante.
La autorización no podrá denegarse.
La autorización determinará las condiciones en que deba realizarse la salida.
4 - De acuerdo a la literalidad del artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la atención personalizada al ciudadano comprenderá una de las siguientes funciones:
De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas.
De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un menor grado de insatisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en cualquier momento de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios.
De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 47 de la Constitución.
5 - Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento del Archivo Municipal de Valladolid aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid el 10/04/2000:
Cuando el estado de conservación de los documentos no aconseje su manejo directo se excluirá del servicio público, debiendo habilitarse en este caso las correspondientes reproducciones que permitan su consulta.
Cuando el estado de conservación de los documentos no aconseje su manejo directo se podrá excluir del servicio público, pudiendo habilitarse en este caso las correspondientes reproducciones que permitan su consulta.
Cuando el estado de conservación de los documentos no aconseje su manejo directo no se excluirá del servicio público, debiendo habilitarse en este caso las correspondientes reproducciones que permitan su consulta.
Cuando el estado de conservación de los documentos no aconseje su manejo directo se excluirá del servicio público, pudiendo habilitarse en este caso las correspondientes reproducciones que permitan su consulta.
6 - De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán la siguiente información de relevancia jurídica:
Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
Las cuentas anuales que deban rendirse.
Los proyectos de Decreto Ley.
Las retribuciones percibidas por todos los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado.
7 - Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información de acuerdo con el principio de:
Estructuración.
Accesibilidad.
Interoperabilidad.
Reutilización.
8 - De acuerdo con el artículo 70 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica:
Los delegados de protección de datos.
Los delegados de protección de datos y los afectados.
Los encargados de los tratamientos.
Los interesados y los representantes de los interesados establecidos en el territorio de la Unión Europea.
9 - El artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público indica textualmente:
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación de oficio de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación de oficio o a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter condicional, la rehabilitación de oficio de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
10 - Señale la opción correcta según el artículo 1 del Código Civil:
La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
Los principios generales del derecho sólo regirán en defecto de ley aplicable, siempre que no sean contrarios a la moral o al orden público, y que resulten probados.
La costumbre se aplicará en defecto de ley, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.