1 - Conforme dispone el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde:
Exclusivamente al personal funcionario
Al personal funcionario, si bien en casos excepcionales debidamente justificados podrán ser atribuidas a personal laboral fijo.
Al personal directivo exclusivamente.
2 - Según dispone el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes ejerciten el derecho de huelga:
Devengarán y percibirán íntegras la retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin ningún tipo de deducción y sin que afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.
No devengarán ni percibirán las retribuciones complementarias correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.
No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes tenga carácter sancionador, ni afecte al régimen respectivo de su prestaciones sociales.
3 - Conforme al artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en la citada Ley:
Tienen carácter disponible para la trabajador, admitiéndose su renuncia o limitación con ocasión de su desarrollo en el contrato de trabajo que se celebre entre la empresa y el trabajador.
Tienen carácter de derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas por los convenios colectivos.
Tienen carácter orientativo y sirven de inspiración para la negociación colectiva del sector, quedando su eficacia condicionada a su inclusión en el convenio colectivo correspondiente.
4 - Con respecto a los medios y equipos de protección, el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que:
Es obligación del empresario facilitarlas en todo caso, y potestativo para el trabajador su uso.
Es obligación del empresario facilitarlas y un deber del trabajador utilizarlos, teniendo la falta de uso por el trabajador la consideración de incumplimiento laboral.
Es obligación del empresario facilitarlas en todo caso, salvo en el ámbito de las Administraciones Públicas cuyo suministro queda supeditado a la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado.
5 - Conforme al artículo 6, apartado 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se considera discriminación indirecta por razón de sexo:
La situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutras pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad son necesarios y adecuados.
La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
La situación en que se encuentra una persona que haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
6 - Según el artículo 62.bis de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, los centros municipales de información a la mujer son:
Órganos asesores que definen los indicadores necesarios para el análisis de la igualdad de género, así como las fuentes de información de referencia y la metodología de cálculo de las mismas.
Órganos de participación de las organizaciones de las mujeres en las políticas de igualdad de género.
Unidades de atención integral e información a las mujeres, y en especial a las mujeres víctimas de violencia de género.
7 - En relación a lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, señale la respuesta INCORRECTA:
Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos.
Los Poderes Públicos promoverán la participación y formación de los voluntarios en apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil.
La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios no podrá complementar las disponibles ordinariamente por los Servicios de Protección Civil.
8 - Conforme a la Ley 2/2002, de 11 de Noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, quedará encuadrado en la Escala Ejecutiva el personal de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía que pertenezca a la categoría de:
Oficial
Inspector
Jefe de Dotación
9 - Conforme con el artículo 44 de la Ley 2/2002, de 11 de Noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, el personal de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía que se encuentre en situación de segunda actividad como consecuencia de la pérdida temporal de aptitudes psicofísicas pasará a la situación de servicio activo:
En el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas, previo dictamen de tribunal médico correspondiente.
Cuando se produzca un agravamiento de las causas que motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas, si dicha disminución constituye causa de incapacidad permanente, previo dictamen del tribunal médico correspondiente.
A los 18 meses de su permanencia en la situación de segunda actividad, aun cuando las causas que motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas permanezcan inalteradas, previo dictamen del tribunal médico correspondiente.