1 - Según el artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo se impulsará de o icio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, sometido al principio de:
Veracidad
Celeridad
Responsabilidad
Transparencia.
2 - Según el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el procedimiento se inició de o icio, se producirá la caducidad del mismo si no se dictó resolución en el transcurso del plazo de:
Tres meses desde que la solicitud entrara en el registro electrónico del organismo competente para resolver.
Tres meses desde su inicio.
Dos meses desde su inicio.
Seis meses desde su inicio.
3 - Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, entre sus principios rectores se encuentran:
Principio de transparencia, principio de accesibilidad universal y principios de integridad, honestidad, imparcialidad, subjetividad y respeto al marco jurídico.
Principio de transparencia, principio de accesibilidad universal y principios de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco jurídico y a la ciudadanía.
Principio de transparencia, principio de accesibilidad universal y principios de integridad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco jurídico y a la ciudadanía.
Principio de transparencia, principio de accesibilidad publica y principios de integridad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco jurídico y a la ciudadanía.
4 - De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, en relación al acceso de la información pública:
Se reconoce el derecho al acceso parcial de la información, omitiendo la información afectada por la limitación, excepto que la información resultante sea carente de sentido.
Se reconoce el derecho al acceso parcial de la información, en cualquier caso.
No se reconoce el derecho al acceso parcial de la información.
Se reconoce el derecho al acceso total de la información, omitiendo información referente al sexo y religión.
5 - Según lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, sobre la Comisión de la Transparencia
Se atribuyen las funciones de ésta al Defensor/a del Pueblo.
Se atribuyen las funciones de ésta al Consello de la Xunta.
Se atribuyen las funciones de ésta al titular de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes.
Se atribuyen funciones de ésta a la Presidencia de la Xunta.
6 - El artículo 2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril , del empleo público de Galicia (LEPG) dispone que, para estructurar, dirigir y ijar los objetivos de la función pública gallega, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene atribuida la potestad:
Reglamentaria.
Expropiatoria.
Sancionadora.
Autoorganizativa.
7 - El artículo 22 de la LEPG indica las funciones y puestos de trabajo que deben reservarse necesariamente a funcionarios. Entre las siguientes, ¿cual es la respuesta INCORRECTA?
Las funciones de policía administrativa.
Las funciones de iscalización interna.
Las funciones de contabilidad y tesorería.
Las funciones de noti icación.
8 - El artículo 26 de la LEPG regula puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral. Indique la respuesta correcta:
Los puestos de naturaleza no permanente.
Los puestos que tengan como función el asesoramiento legal.
Los puestos que tengan como únicamente realicen funciones de con ianza o asesoramiento especial.
Los puestos que desarrollen funciones directivas profesionales.
9 - Según el artículo 40 de la LEPG, en Galicia las escalas del personal funcionario deben crearse, modi icarse o suprimirse mediante:
Decreto de la consellería de adscripción de la escala correspondiente.
Decreto de la consellería competente en materia de función pública.
Ley del Parlamento de Galicia.
Orden de la consellería competente en materia de función pública.
10 - Entre los siguientes, ¿cuál sería un indispensable para la participación en los procesos selectivos, según el artículo 50 de la LEPG?
Tener nacionalidad española.
Ser mayor de dieciséis años y no exceder, de ser el caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Encontrarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleo o cargo público relacionado con el proceso selectivo por resolución judicial.
Pertenecer al cuerpo, escala o categoría profesional.