Parte 4 - Examen tipo test - Trabajo Social T.L (OPE 2016) Junta de Andalucía 18/11/2017

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1 - Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿cuál de los siguientes tributos no figura entre los que pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas?
Impuesto sobre el Patrimonio.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Impuesto sobre la Electricidad.
Impuesto sobre Sociedades.
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2 - En el caso de los tributos cedidos, y conforme a lo indicado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿cuál de las siguientes competencias normativas no se encuentran entre las que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas?
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión.
En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la determinación de exenciones, base imponible, cuotas fijas, bonificaciones y devengo.
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3 - ¿Cuál de los siguientes medios se utiliza en la Junta de Andalucía para prestar servicio de intercambio de información entre administraciones públicas, en relación con datos que se requieran a los interesados y obren en su poder (siempre que el interesado preste su consentimiento expreso), con el objeto de que los ciudadanos no deban aportar los mismos?
Solicit@.
Presentación Electrónica General.
Supresión de Certificados en Soporte Papel.
@ries.
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4 - Conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a los efectos de la citada norma, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera:
las personas de uno de los sexos no supere el sesenta y cinco por ciento.
las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
las personas de cada uno de los sexos no supere el cincuenta y cinco por ciento.
las personas de cada sexo no superen el sesenta y cinco por ciento ni sean menos del treinta y cinco por ciento.
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5 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta de acuerdo con las Leyes 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género?
Se considera abuso sexual con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.
Se considera violencia económica la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos.
Se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.
Tienen consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno social y/o laboral.
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6 - Según el Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ésta tendrá entre otras funciones:
Velar para que se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las actuaciones de la Junta de Andalucía.
La definición, seguimiento y evaluación de la inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Promover la realización de auditorías de género en las Consejerías y entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Impulsar y proponer mejoras en el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma para garantizar el principio de mainstreaming.
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7 - En relación al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
Se regula por el Decreto 375/2011, de 30 de diciembre.
Su Equipo Técnico estará compuesto por personas juristas, psicólogas y trabajadoras sociales, que acrediten formación especializada en atención y asistencia a víctimas.
El ámbito de actuación de cada una de sus Sedes no superará en ningún caso los límites territoriales de una provincia.
Se establecerá, preferentemente, en las sedes de los Juzgados de lo Penal de la capital de la provincia.
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8 - El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se compone de:
La Dirección y La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos.
La Secretaría Técnica y La Comisión Ejecutiva de la Transparencia y la Protección de Datos.
El Presidente y El Comité de la Transparencia y la Protección de Datos.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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9 - Dentro del Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía, ¿cuál de los siguientes subsistemas contempla las normativas y estándares para la elaboración de un código fuente homogéneo y estándar con el objeto de minimizar las tareas de mantenimiento?
El subsistema de Arquitectura.
El subsistema de Ingeniería.
El subsistema de Entorno.
El subsistema de Desarrollo.
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10 - Señale cuál de las siguientes opciones corresponde a un derecho de la ciudadanía en relación a los servicios sociales, recogido en el artículo 9 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de la capacidad de obrar respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar.
Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario y en relación con la actuación protectora de personas menores de edad.
El reconocimiento de la situación de discapacidad y los derechos derivados de la misma en los términos establecidos en la legislación vigente.
Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así como a dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención.