Parte 4 - Examen tipo test (aplazado COVID) - Administrativo/a (estabilización 2018) Generalitat Valenciana 09/03/2022

Las respuestas de la IA pueden contener errores.
1 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en materia de ayudas sociales:
Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.
Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.
Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 25 por 100, el importe de la ayuda será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.
Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe de la ayuda será equivalente a ocho meses de subsidio por desempleo.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
2 - Se recibe en el órgano administrativo correspondiente una solicitud de acceso a la información pública sobre un expediente que contiene, en parte, informes preceptivos cuyo acceso supone un perjuicio para la seguridad nacional. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale en qué sentido resolverá el órgano competente:
Desestimará en su totalidad la solicitud de acceso a la información pública al estar afectada por uno de los límites del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Concederá el acceso total a la información, sin más límite que la indicación de que parte de la información suministrada tiene el carácter de confidencial.
Concederá el acceso total a la información, indicando que la misma puede carecer de sentido o estar distorsionada.
Concederá el acceso parcial a la información previa omisión de la afectada por el límite del artículo 14.1 letra a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
3 - Se recibe una solicitud de acceso a la información pública en la que se ven afectados los intereses de un tercero. Según el artículo 15 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, el órgano administrativo encargado de resolver dará traslado a la persona afectada para que, en su caso, presente las alegaciones que estime pertinentes en un plazo de:
Veinte días hábiles.
Veinte días naturales.
Diez días naturales.
Quince días hábiles.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
4 - Según el artículo 9 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, la Administración de la Generalitat publicará, como mínimo, en su página web, actualizada y estructurada, entre otra, la siguiente información:
Las cuentas semestrales que deben rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control que sobre ellos se emitan.
Los gastos de caja fija desagregados por servicios.
Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas planteadas en la medida en que no supongan una interpretación del derecho, de los derechos garantizados en la Ley o que tengan efectos jurídicos.
Una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunitat Valenciana.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
5 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los registros electrónicos de apoderamientos:
Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción.
Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de seis años a contar desde la fecha de inscripción.
El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
Las solicitudes de inscripción del poder podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde el día siguiente a la fecha en que se produzca dicha inscripción.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
6 - Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes derechos no corresponde a los interesados en un procedimiento administrativo:
A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A identificar a todas las autoridades y a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
7 - Según el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración, salvo precepto en contrario:
Podrá conceder solamente de oficio, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
Podrá conceder solamente a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda del plazo inicial, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
Podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
Podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda del plazo inicial, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
8 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
En todo caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, ni cuando produzcan efectos favorables al interesado.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, aunque lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
9 - Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación de las resoluciones y actos administrativos deberá ser cursada:
Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
No hay un plazo establecido.
Sin dilación.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
10 - Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas con independencia de su condición de empleado público.
Las entidades sin personalidad jurídica.
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, excluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.