1 - (Reserva) Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del nombramiento.
Los que tengan un contenido imposible.
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
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2 - (Reserva) De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Gobierno se compone:
Del Presidente de la Comunidad Autónoma, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros.
Del Presidente de la Comunidad Autónoma y los Consejeros.
Del Presidente de la Comunidad Autónoma y los Diputados Regionales.
Del Presidente de la Comunidad Autónoma, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros, requiriendo estos la condición de Diputados Regionales.
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3 - (Reserva) De acuerdo con el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral:
Es un deber de los empleados públicos.
Es un derecho individual de los empleados públicos.
Es un derecho individual ejercido colectivamente.
Es un derecho exclusivo de los funcionarios de carrera.
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4 - (Reserva) El servicio de mediación del Gobierno de La Rioja:
Es un proceso confidencial, voluntario y estructurado de gestión y resolución de conflictos que responden a la necesidad de intervenir en los procesos de separación y divorcio, ayudando profesionalmente a las partes en la consecución de acuerdos satisfactorios para ambos y el logro de su cumplimiento, siendo estos equilibrados y equitativos.
Es un proceso confidencial, obligatorio y estructurado de gestión y resolución de conflictos que responden a la necesidad de intervenir en los procesos de desacuerdos entre progenitores custodios, ayudando profesionalmente a las partes en la consecución de acuerdos satisfactorios para ambos y el logro de su cumplimiento, siendo estos equilibrados y equitativos.
Es un proceso confidencial, involuntario y de resolución de conflictos que responden a la necesidad de intervenir en los procesos de separación y divorcio, ruptura de pareja de hecho ayudando profesionalmente a las partes en la consecución de acuerdos satisfactorios.
Es un proceso confidencial, voluntario de resolución de conflictos que responden a la necesidad de intervenir en los procesos judiciales de separación y divorcio, ayudando profesionalmente a las partes a repartir las tareas relacionadas con el cuidado y protección de los menores.
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5 - (Reserva) La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia regula la entrada en vigor:
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1 en sus letras b y c, producirán efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero de 2022.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b y c producirán efectos a los veinte días de la entrada en vigor de la ley. Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero de 2022
Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b y c producirán efectos a los doce meses de la entrada en vigor de la ley. Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero de 2022.
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6 - (Reserva) Para acceder al Servicio de atención temprana del Gobierno de La Rioja, es necesario cumplir el siguiente requisito según el artículo 8 de Orden 2/2010, de 11 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se regula el procedimiento para la intervención de servicios sociales en atención temprana:
Tener 6 meses de residencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Tener el menor una edad comprendida entre los 0 a los 12 años de edad.
Precisar la intervención de servicios sociales en atención temprana, de acuerdo a la valoración técnica determinada por la URIA (Unidad de Desarrollo Infantil).
Ningún requisito es cierto.
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7 - (Reserva) Según el artículo 9 del Decreto 8/2011, de 18 de febrero, del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es causa o cese del Servicio de Ayuda a Domicilio:
Incumplimiento de los mandatos y obligaciones contractuales contemplados en el Reglamento u Ordenanza regulador del servicio.
Impago de su contribución en la financiación del coste del servicio siempre que se produzca de forma reiterada y como máximo tres meses.
Incumplimiento de los deberes contemplados en el Proyecto Individualizado de Inserción o Proyecto de Intervención Individualizado, en su caso.
Cese de la situación o del riesgo de exclusión social, normalización de la situación de los menores o cambio de la situación familiar original.
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8 - (Reserva) La Ley 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos libertades de los extranjeros en España y su integración social recoge en su Exposición de Motivos los objetivos que se persiguen con esta reforma de la legislación vigente, donde NO se encuentran:
La mejora de la gestión, mediante la simplificación de los trámites administrativos, y la del régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros en España, así como la determinación de los tipos de visado y los efectos de los mismos, y la lucha contra el uso fraudulento de los procedimientos administrativos de gestión en esta materia.
El reforzamiento y, en definitiva, mejora de los medios e instrumentos sancionadores previstos en la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos.
La coordinación de los instrumentos necesarios para poner a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a disposición del Estado en casos de delitos contra la inmigración ilegal, extorsión, tráfico humano y vulneración de los derechos humanos en cualquier país de la Unión Europea.
La incorporación de las disposiciones aprobadas por la Unión Europea sobre exigibilidad de las tasas correspondientes a la expedición de visados, así como sobre sanciones a transportistas y reconocimiento mutuo de las resoluciones de expulsión, para impedir que aquellos extranjeros sobre los que hayan recaído éstas en cualquier Estado de la Unión, puedan intentar evitarlas trasladándose a otro Estado.
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9 - (Reserva) Señale la INCORRECTA. Las personas mayores que deseen participar en el Programa de Turismo del IMSERSO, podrán acceder al programa si cumplen los siguientes requisitos:
Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social Español.
Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de seguridad social español.
Ser pensionista por otros conceptos del sistema de seguridad social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.
Ser pensionistas, sean o no de la Seguridad Social, que tengan reconocido a su vez un complemento donde se de cobertura a familiares a cargo y vivan en el mismo domicilio, y no cumplan la edad legal de jubilación.
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10 - (Reserva) Según la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica en su art. 2.3, ¿dónde NO se podrá solicitar la orden de protección?
Ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.
Ante Instituciones de la Unión Europea siempre y cuando tengan representación en el país en el cual se ha cometido el supuesto delito.
Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ante las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.