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1 - En relación con el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada:
Los poderes públicos no están obligados a realizar gestión o promoción alguna para hacerlo efectivo.
Los poderes públicos están obligados a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad no está obligada a participar en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos.
La efectividad de tal derecho está en manos de los propios ciudadanos y de las empresas constructoras.