Test 20 - Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Las respuestas de la IA pueden contener errores.
1 - De acuerdo con la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido, ¿Cuántos días?
Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
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2 - Según se establece en la Ley 39/2015, se notificarán a los interesados:
Toda resolución o acto administrativo, afecte o no a sus derechos e intereses legítimos.
Únicamente las resoluciones que afecten a sus intereses.
Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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3 - El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será, según la Ley 39/2015, de:
Dos meses.
Diez días.
Un mes.
Tres meses.
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4 - Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
Mejorar solicitudes.
Presentar sugerencias y reclamaciones.
Solicitar copias de documentos presentados.
Desistir de acciones.
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5 - Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, podrá suspenderse el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión:
No podrá exceder en ningún caso de 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
No podrá exceder en ningún caso de 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento.
No podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
No podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento.
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6 - En relación con el desistimiento y la renuncia:
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará suspendido el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero interesado, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
Todas las respuestas anteriores son falsas.
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7 - Según la Ley 39/2015, ¿cómo procede actuar por parte de la Administración si un sujeto obligado a presentación electrónica de una solicitud lo hiciera presencialmente?
Deberá levantarse acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
Se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica.
Ciertas a) y b).
Se dará por inadmitida.
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8 - Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas está el siguiente:
A acceder a los edificios públicos a cualquier hora.
A obtener una respuesta favorable a sus intereses personales.
A ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
A que le sean abonados los gastos que se la hayan podido causar para poder comunicarse con las Administraciones Públicas.