Examen parte 2 Auxiliar Administrativo Junta de Andalucía 2009

1 - Según el artículo 190 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, respecto al presupuesto, corresponde al Parlamento:

Su elaboración, enmienda, aprobación y control.

Su examen, enmienda, aprobación, control y ejecución.

Su examen, ejecución, control y elaboración.

Su examen, enmienda, aprobación y control.

2 - De conformidad con el artículo 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en relación con el principio de buena administración, la ciudadanía tiene derecho:

A que sus asuntos sean tratados de manera eficaz, imparcial y objetiva.

A obtener copia y certificados de los documentos que obren en los expedientes en que se tenga la consideración de interesado.

Al acceso y obtención de la firma digital.

Participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el procedimiento establecido.

3 - Según el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, los servicios administrativos con gestión diferenciada:

Tienen personalidad jurídica independiente, aunque están adscritos a una Consejería.

Carecerán de personalidad jurídica independiente.

Tienen personalidad jurídica independiente y no están adscritos a ninguna Consejería.

Tienen personalidad jurídica independiente y están adscritos a la Consejería de Justicia y Administración Pública.

4 - En relación con el artículo 52 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto al principio de inderogabilidad singular del reglamento:

Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas.

Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular.

El principio de inderogabilidad singular únicamente es aplicable a la ley.

El principio de inderogabilidad aparece recogido en el artículo 53 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5 - Según el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, sujetarán su actividad:

A lo que dispongan sus normas de creación, cuando ejerzan potestades administrativas.

A la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en todo caso.

A la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando ejerzan potestades administrativas.

A las normas de derecho privado, en todo caso.

6 - Según el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo:

Se considerará hábil en todo caso.

Se considerará inhábil en todo caso.

Se considerará hábil o inhábil, dependiendo de que el interesado lo solicite.

Se considerará hábil o inhábil a criterio del órgano administrativo.

7 - Según el artículo 76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cumplimiento de un trámite fuera del plazo establecido, ¿se puede admitir y produce efectos legales?

Sí, si se produce antes o dentro del día en que se notifica la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Sí, siempre que el interesado actúe de buena fe y no se perjudiquen derechos de terceros.

No, en ningún caso.

Ninguna respuesta es correcta.

8 - De acuerdo con el artículo 54 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes:

Son siempre nulos de pleno derecho.

Necesitan ser motivados.

La Administración nunca puede separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes.

Son actos contra los que no cabe recurso alguno.

9 - Según el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la delegación de competencias:

Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

Es irrevocable.

Será revocable sólo por el Consejo de Gobierno.

Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

10 - Según establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda notificación deberá ser cursada:

Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Dentro del plazo de 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

11 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la tramitación del procedimiento de urgencia:

Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario en la presentación de solicitudes y recursos.

Sólo puede acordarse de oficio.

Sólo puede acordarse a petición del interesado.

No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

12 - Según el artículo 2 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, la ordenación y gestión de la Función Pública de la Junta de Andalucía estarán presididas por los principios de:

Objetividad, transparencia y economía.

Objetividad, economía y eficacia.

Objetividad, eficacia y jerarquía.

Descentralización, desconcentración y coordinación.

13 - Será causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, según el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:

La adquisición de una segunda nacionalidad.

La toma de posesión en un cuerpo distinto al que ya se pertenece.

La renuncia a la condición de funcionario.

La excedencia forzosa.

14 - Según el artículo 33 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, la formalización de contratos laborales de carácter temporal para la realización de trabajos imprevistos, urgentes y no permanentes, que no correspondan a un puesto de trabajo presupuestariamente dotado corresponde a:

A la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

A la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

A la persona titular de la Dirección General en cuyo departamento vayan a prestarse los servicios.

Al Consejero o Consejera en cuyo Departamento vayan a prestarse los servicios.

15 - Según el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, los funcionarios afiliados a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en suspensión provisional o firme de funciones:

Conservarán la condición de mutualista, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo.

Perderán la condición de mutualista en alta obligatoria.

Conservarán la condición de mutualista, pero serán dados de baja hasta que se reincorporen al servicio activo.

Conservarán la condición de mutualista, si voluntariamente así lo solicitan.

16 - Según el artículo 4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, éste se aplicará al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

Siempre, igual que al resto de los funcionarios del Estado.

Sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica.

En ningún caso.

Sólo a efectos de su inclusión en MUFACE.

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