Examen parte 1 Administrativo/a Ayuntamiento de Onda 2021

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Las respuestas de la IA pueden contener errores.
1 - El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:
Necesidad, legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia e igualdad.
Necesidad, legalidad, objetividad, eficacia, transparencia y seguridad jurídica.
Necesidad, transparencia, objetividad, proporcionalidad, eficacia y eficiencia.
Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
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2 - Como consecuencia del principio de reserva de ley, la Administración por vía reglamentaria:
No podrá establecer penas o sanciones.
No podrá establecer tributos, tasas ni cánones, pero sí otro tipo de exacciones parafiscales.
Podrá establecer y exigir prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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3 - Los poderes inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:
Diez años a contar desde la fecha de inscripción.
Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
Tres años a contar desde la fecha de inscripción.
Dos años a contar desde la fecha de inscripción.
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4 - El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios contenidos en el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Señale la respuesta incorrecta.
Reutilización.
Transparencia.
Interoperabilidad.
Accesibilidad.
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5 - De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuál de las siguientes se considera infracción grave:
La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.
El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación.
La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados.
El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
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6 - Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, excepto los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
Todas las respuestas son correctas.
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7 - Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos:
En cualquier caso.
A menos que su naturaleza permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
A menos que el órgano instructor autorice otra forma más adecuada de expresión y constancia.
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8 - Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:
En el momento en que el interesado firme electrónicamente y previamente su consentimiento.
En el momento en que el interesado firme electrónicamente la notificación.
En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Todas las respuestas son correctas.
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9 - La inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes solo surtirá efecto por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, deberá ser objeto de renovación periódica:
Cada año.
Cada dos años.
Cada tres años.
Cada cinco años.
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10 - No es posible la consulta popular en la siguiente materia:
Sobre competencias municipales.
Hacienda local.
Servicios municipales.
Es factible en todas ellas.
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11 - Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, salvo que en ellos se disponga otra cosa, se presumirán válidos y producirán efectos.
Desde la fecha de publicación.
Desde la fecha en que se dicten.
Desde la fecha de puesta a disposición de la notificación.
Desde la fecha en que se recibe la notificación.
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12 - En cuál de los siguientes supuestos las Administraciones Públicas no podrán interponer multas coercitivas:
Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
En todos los anteriores cabe la multa coercitiva.
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13 - Si son varios los medios de ejecución forzosa admisibles en un procedimiento se elegirá:
El más respetuoso con el principio de proporcionalidad.
El más económico para la administración actuante.
En primer lugar la multa coercitiva.
El menos restrictivo de la libertad individual.
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14 - Cuáles de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho:
Los que tengan un contenido imposible.
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Los que incurran en desviación de poder.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
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