Examen parte 2 Administrativo/a Junta de Extremadura 2020

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1 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:
Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos, en los términos que reglamentariamente se establezca.
Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos.
No serán titulares de intereses legítimos.
Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
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2 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:
Dos años a contar desde la fecha de inscripción.
Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
Tres años a contar desde la fecha de inscripción.
Un año a contar desde la fecha de inscripción.
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3 - Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, la Administración salvo precepto en contrario podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos:
Que no exceda de una tercera parte de los mismos a petición de los interesados.
Que no exceda de la quinta parte de los mismos.
Que no exceda de la mitad de los mismos.
No se puede conceder una ampliación de los plazos establecidos.
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4 - De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los recursos contra un acto administrativo que se funde únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general:
Podrán interponerse directamente ante el órgano superior al que dictó dicha disposición.
No serán válidos en vía administrativa.
Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
No cabra recurso alguno en vía administrativa.
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5 - Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso:
Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.
Suspenderá la ejecución del acto impugnado hasta la resolución del recurso presentado.
No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
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6 - ¿Cuándo se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
Transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución.
Transcurrido el plazo de cuatro años desde su interposición sin haberse dictado y notificado resolución.
Transcurrido el plazo de seis meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado resolución.
Transcurrido el plazo de dos meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado resolución.
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7 - La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público, establece que los contratos administrativos especiales se rigen en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, en primer término:
Por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.
Por las normas de derecho administrativo del ámbito correspondiente.
Por las normas de derecho privado.
Por sus normas específicas.
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8 - En referencia al plazo de duración de los contratos y según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el preaviso en caso de prórroga queda exceptuado para:
Los contratos de suministro de prestación sucesiva.
Los contratos de servicios de mantenimiento.
Los contratos cuya duración sea inferior a dos meses.
En ningún caso es posible prorrogar los contratos del sector público.
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9 - El plazo establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para subsanar los defectos que puedan afectar al escrito de un recurso especial será de:
Dos días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
Dos días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
Tres días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
Tres días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
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10 - A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación:
Límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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11 - La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el régimen de la garantía provisional preceptúa sobre ella que:
No podrá ser superior al 5 por 100 del presupuesto base de licitación.
Responde del incumplimiento de prescripciones durante la ejecución del contrato.
En el caso de división en lotes se fija en función del importe del presupuesto total del contrato.
Se extingue automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.
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12 - Los pliegos de cláusulas administrativas particulares según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deben aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato o en su caso, adjudicación, y solo pueden ser modificados con posterioridad:
Por error material, de hecho, o aritmético.
Por error material, de derecho o aritmético.
Por error susceptible de nulidad o anulabilidad.
Una vez aprobados no pueden ser modificados, han de retrotraerse las actuaciones.
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