Examen parte 1 Administrativos/as Diputación Provincial de Soria 2021

1 - La Ley 39/2015, de 1 de octubre tiene por objeto:

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar la potestad reglamentaria. La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria quedan fuera de la presente Ley.

Establece que solo mediante Ley podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Todas las anteriores son falsas.

2 - La Ley 39/2015, de 1 de octubre se aplica:

Exclusivamente a la Administración General del Estado y solo supletoriamente a las Entidades que integran la Administración Local.

A la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de régimen común.

Todas las administraciones públicas, salvo las universidades a las que no aplica ninguna disposición de esta Ley al estar reguladas exclusivamente por su normativa específica.

Supletoriamente a las Corporaciones de derecho público.

3 - Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

Solo quienes hayan iniciado el procedimiento, aun cuando tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, cuyos intereses defenderá de oficio la Administración actuante.

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Las respuestas B) y C) Son verdaderas.

4 - El registro electrónico de apoderamientos:

Será únicamente el de la Administración General del Estado, al que se adhieren, por Ley todas las Administraciones Públicas, que no podrán tener registros de apoderamientos propios.

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

Los asientos del registro contendrán únicamente nombre y apellidos, razón social, DNI y CIF, puesto que son permanentes.

El apoderamiento “apud acta” se podrá realizar exclusivamente de forma presencial.

5 - Los interesados podrán identificarse ante las Administraciones Públicas:

A través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.

A través de Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

A través de sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.

Todas las anteriores son verdaderas.

6 - Las Administraciones Públicas requerirán obligatoriamente el uso de firma:

Siempre.

Solo para presentar solicitudes y declaraciones responsables.

Solo para renunciar a derechos.

Todas las anteriores son falsas.

7 - Con respecto a la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados:

Todos los ciudadanos que se relacionen con la Administración deberán disponer de los medios electrónicos necesarios.

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en el artículo 12 de la Ley.

Ningún funcionario está obligado a prestar asesoramiento a los ciudadanos en su relación con la Administración.

Las Entidades Locales están exentas del empleo de medios electrónicos hasta 2025.

8 - Quienes de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

A la seguridad de sus datos, pero no a la confidencialidad, ya que las Administraciones pueden intercambiar ficheros de datos entre ellas sin consentimiento de los interesados.

Solo podrán exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas en los juzgados y tribunales que correspondan.

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

A ser tratados con respecto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, aunque estos no están obligados a facilitarles el ejercicio de sus derechos cuando supongan menoscabo para el patrimonio de la Administración.

9 - Con respecto a la relación electrónica con las Administraciones, es cierto que:

Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas.

Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

Todas las anteriores son verdaderas.

10 - Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General:

Así que los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración no podrán disponer de su propio registro electrónico, deberán usar el registro general.

Que podrá no ser interoperable con otros registros por motivos de seguridad.

Funcionará como un portal, pero no facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo que dependa de esa Administración, ya que cada organismo debe tener el suyo propio.

En el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

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