Modelo C parte 4 259 plazas Auxiliares Administrativos/as Ayuntamiento de Madrid 2021

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1 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las atribuciones para la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales corresponde:
A la Junta de Gobierno Local.
Al Alcalde.
Al Pleno.
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2 - Conforme a lo señalado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo, se consideran legitimados:
Cualquier persona física o jurídica.
Las personas físicas que hayan tenido conocimiento directo y acreditado de la situación de acoso y la persona acosada.
Solo la persona acosada.
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3 - La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, desarrolla dos artículos de la Constitución española que proclaman el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. ¿Qué artículos son?:
El artículo 16 y el artículo 9.3.
El artículo 18 y el artículo 9.1.
El artículo 14 y el artículo 9.2.
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4 - El artículo 28.2 de la Constitución española:
Reconoce el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
Reconoce el derecho a sindicarse libremente.
Reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
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5 - Conforme a la Constitución española la provincia:
Es una entidad local sin personalidad jurídica propia.
Es una entidad local con personalidad jurídica propia.
No es una entidad local, pero tiene personalidad jurídica propia.
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6 - ¿Es cierto que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que cualquier personal podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución española?:
No, sólo está legitimada la parte discriminada.
Si, lo recoge expresamente en su artículo 12.1.
No, únicamente está legitimada la parte afectada y quién tenga un interés legítimo.
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7 - De conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones de creación de los registros electrónicos se deberán publicar:
En el tablón edictal único del BOE y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.
En el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.
De conformidad con dicho artículo no es necesaria la publicación.
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8 - Según el artículo 61 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿cuál de estos supuestos no constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles?:
La titularidad de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles rústicos o urbanos, y sobre los inmuebles de características especiales, o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
La titularidad de un derecho real de posesión sobre los bienes inmuebles rústicos o urbanos o sobre los inmuebles de características especiales.
La titularidad de un derecho real de superficie sobre los bienes inmuebles rústicos o urbanos o sobre los inmuebles de características especiales.
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9 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho:
Los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
Las dos respuestas anteriores son correctas.
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10 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico:
Podrá requerirla, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
Deberá solicitar, de la entidad local afectada, ampliación de la información que deberá remitirse en el plazo máximo de quince días hábiles.
El Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción del acto o acuerdo, podrá suspenderlo y adoptar las medidas pertinentes.
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