Examen parte 5 Administrativo/a GVA (Turno libre y personas con diversidad funcional) 2022

1 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto de la delegación de competencias:

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano en quien se haya conferido la delegación.

Salvo autorización expresa del órgano competente, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general.

Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.

2 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las bases reguladoras de las subvenciones podrán disponer la participación de entidades colaboradoras, de acuerdo y en los términos de la normativa básica estatal reguladora de esta figura. Dicha participación se instrumentará mediante la suscripción de un convenio entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta. El convenio de colaboración, cuando la subvención no tenga por objeto la subsidiación de préstamos, no podrá tener un plazo de vigencia:

Superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.

Superior a seis años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de ocho años.

Superior a seis años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período final y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de ocho años.

Superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período final y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de ocho años.

3 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones podrá llegarse al momento procedimental:

Inmediatamente posterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.

De la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.

Posterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico en el que se inicia el expediente de gasto, de crédito adecuado y suficiente para ello.

Inmediatamente anterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.

4 - Según el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, entre otros, el siguiente extremo:

Condiciones de solvencia y eficiencia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Cuantía aproximada de la subvención o criterios para su determinación.

Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.

Criterios subjetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.

5 - Conforme al artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿cuál de las siguientes entidades que forma parte del sector público no tiene la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada Ley?

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. AAA.

Los Organismos Autónomos. o o : o.

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Las Autoridades Administrativas Independientes.

6 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según lo establecido en la Sección 1.2 del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto de la delimitación de los tipos contractuales:

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Son contratos de suministro aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o servicio, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el suministro de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los suministros que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Son contratos de servicios aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia.

Son contratos de servicios, en todo caso, los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

7 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

La clasificación de los empresarios será exigible, para la acreditación de su solvencia, en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 500.000 euros.

La clasificación de los empresarios será exigible, para la acreditación de su solvencia, en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

La clasificación de los empresarios será exigible, para la acreditación de su solvencia, en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros.

La clasificación de los empresarios será exigible, para la acreditación de su solvencia, en los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o inferior a 150.000 euros.

8 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según lo establecido en el Capítulo I del Título III del Libro Primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

En el cálculo del valor estimado del contrato no deberán tenerse en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, ni otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, ni los gastos generales de estructura ni el beneficio industrial.

Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato no podrá, en ningún caso, limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.

A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

En el cálculo del valor estimado del contrato no deberán tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato.

9 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

Los contratos del sector público tendrán, cuando así lo acuerde el órgano de contratación, un precio cierto. Éste se abonará al contratista en función de la prestación pactada. En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.

En los contratos celebrados con precios provisionales cabrá la revisión de precios.

Con carácter general el precio deberá expresarse en la divisa acordada por el órgano de contratación, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, u otras Leyes así lo prevean.

10 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto del expediente de contratación:

La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

Con carácter general, la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas no requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente por el órgano de contratación.

Con carácter general, al expediente se incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares, pero no el de prescripciones técnicas, que hayan de regir el contrato.

Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo el cierre del procedimiento de adjudicación.

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