Extraordinario parte 1 (Promoción Interna) Administrativos/as del Estado 2022 (10 preg.)
Parte siguiente
1 - En relación con la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, establece que:
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca la puesta a disposición en la sede electrónica de la Administración actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, únicamente el acceso al contenido de la notificación por el interesado debidamente identificado, pero no por su representante.
2 - ¿En qué se diferencia un decreto-ley de un decreto legislativo?
En que el decreto legislativo no puede versar sobre materias reservadas a una ley orgánica y el decreto-ley sí.
En que el decreto legislativo está previsto para redacción de textos articulados y el decreto-ley para refundir varios textos legales en uno solo.
En que el decreto-ley necesita de una ley de bases que determine el alcance de la regulación que se le encomienda y el decreto legislativo tiene que estar previsto en una ley ordinaria.
En que el decreto-ley es una disposición legislativa provisional que se dicta por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad; y el decreto legislativo es fruto de una delegación expresa de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas.
3 - Según la Ley 39/2015, NO tiene la condición de interesado en el procedimiento administrativo:
El denunciante que facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
4 - Respecto de las medidas provisionales a adoptar en el procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, sin necesidad de motivación, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, únicamente de oficio y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
5 - De acuerdo con la Ley 39/2015, en materia de convalidación de los actos administrativos:
La Administración Pública no podrá convalidar los actos anulables.
La Administración Pública podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
La Administración Pública podrá convalidar los actos administrativos declarados nulos.
La Administración Pública podrá convalidar los actos nulos, siempre y cuando se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
6 - Una hipotética Orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública por la que se aprobara definitivamente el Pliego de Cláusulas Administrativas para la licitación por el procedimiento abierto del mantenimiento de una autopista del Estado, siendo el Ministerio competente para el mantenimiento de las carreteras, autovías y autopistas estatales la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:
Estaría viciada de anulabilidad y sería convalidable subsanando los defectos de los que adoleciera.
Incurriría en mera irregularidad no invalidante.
Aunque habría que entenderla nula de pleno derecho, sería convalidable.
Sería nula de pleno derecho y no podría convalidarse.
7 - Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale en qué supuesto se excluye siempre la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a la Administración:
Fuerza mayor.
Caso fortuito.
Fuerza fortuita.
Daños causados a terceros por contratistas de la Administración.
8 - De conformidad con la Ley 39/2015, se podrá sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje por medio de:
Instrucción.
Orden Ministerial.
Disposición administrativa de carácter general.
Ley.
9 - Conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, ¿puede la Administración revocar sus propios actos?
Sí, puede revocar sus actos de gravamen o desfavorables mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
Sí, siempre que sea a instancia de los interesados, se trate de errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos y que éstos no hayan prescrito.
Sí, siempre y cuando sean actos nulos de pleno derecho que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
No, la Administración nunca puede ir contra sus propios actos.
10 - ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de ampliación de plazos para resolver un procedimiento administrativo?
No cabe recurso alguno.
Recurso de reposición.
Recurso contencioso-administrativo.
Recurso de alzada.
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