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1 - El código deontológico del trabajo social:

Es un conjunto de valores, principios y normas que han de guiar el ejercicio profesional de los/as trabajadores/as sociales en el estado español.

Es un conjunto de instrumentos a utilizar en el desarrollo de la profesión.

Es el conjunto de legislación e instrumentos a utilizar en el ejercicio de la profesión.

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2 - Para desarrollar sus funciones los profesionales del trabajo social cuentan con unos instrumentos específicos del trabajo social que son:

Diario de campo, guía de recursos, entrevista y protocolo de derivación a ETF.

Historia social, ficha social, informe social, escalas de valoración social y proyecto intervención social.

Entrevista, visita a domicilio y ficha social.

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3 - Las pensiones no contributivas tienen como finalidad:

Atender a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social, y que tengan menos de 15 años cotizados en el sistema de la seguridad social.

Atender a las personas en estado de necesidad que no han cotizado nunca al sistema,o lo han hecho en forma insuficiente para causar derecho a las pensiones contributivas, y que carezcan de rentas o ingresos suficientes.

A y b son correctas.

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4 - Para solicitar una pensión no contributiva de invalidez hay que estar afectada por una discapacidad de grado igual o superior a:

33 %.

65%.

Depende de la edad del solicitante.

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5 - Las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez son incompatibles:

Entre sí, con las pensiones asistenciales del fondo de asistencia social, con los subsidios LISMI y con la condición de causante de la prestación familiar por hijo a cargo.

Con las pensiones de viudedad.

A y b son correctas.

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6 - El/ la causante de una prestación familiar por hijo/a a cargo menor de 18 años por discapacidad debe cumplir:

Tener una discapacidad igual o superior al 65%.

Tener una discapacidad igual o superior al 33%.

No es necesario tener discapacidad reconocida hasta que no sea mayor de edad.

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7 - La Ley 4/2021 de 27 de julio de infancia y adolescencia de Andalucía es de aplicación a:

A todas las personas menores de 18 años que se encuentren en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, salvo que, en virtud de la Ley que les sea aplicable, hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.

A todas las personas menores de 18 años que se encuentren en cualquier comunidad del territorio español.

A todos/as los /as menores que se encuentren en situación de riesgo independientemente de su lugar de origen.

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8 - La ley 4/2021 establece como algunos de sus principios rectores:

El interés superior del menor , valor social de la infancia, participación, fomento de valores y equidad.

Participación , cooperación internacional en materia de menores y dotación presupuestaria.

Ambas son correctas.

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9 - La Ley 4/2021 define “prevención “ como:

El conjunto de actuaciones encaminadas a evitar que aparezcan situación de riesgo para todos los miembros de una familia, especialmente a los menores, discapacitados y mayores dependientes.

El conjunto de actuaciones encaminadas a evitar que aparezcan factores y circunstancias que puedan dificultar el adecuado desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños/as y adolescentes, y en caso de producirse , eliminarlos o mitigar sus consecuencias y cronificación de estos.

Las medidas puestas por la administración para evitar situaciones de riesgo en niños/as y adolescentes en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía.

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10 - ¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre?

Reconocer un derecho objetivo a la población en el ámbito estatal: derecho a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Reconocer un derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Reconocer un derecho objetivo en el ámbito de las comunidades autónomas: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, mediante la creación de un sistema público de Atención a la discapacidad.