1 - Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la propuesta de resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice no numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.
Formará parte del expediente administrativo la información que contenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas.
2 - Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos, señalar cuál no es una falta muy grave:
La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
El acoso laboral.
La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
La violación de la parcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos judiciales de cualquier naturaleza y ámbito.
3 - Según la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, salvo en el caso de los contratos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ¿quién deberá autorizar los costes del personal docente e investigador, así como del personal técnico, de gestión y de administración y servicios?
La Universidad.
El Gobierno de la nación.
La Comunidad Autónoma.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4 - Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación a los Delegados de Prevención, señalar la opción correcta:
En las empresas de hasta cincuenta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.
Los Delegados de Prevención son los jefes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrá en cuenta como criterio que los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
En las empresas de treinta y uno a cincuenta trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
5 - La Ley General Presupuestaria regula los reparos en su artículo 154. ¿En qué modalidad de control podrá formular reparo la Intervención?
En las modalidades de fiscalización previa y control financiero permanente.
En todas las modalidades de control: fiscalización previa, control financiero permanente y auditoria pública.
Al realizar la fiscalización o intervención.
Únicamente al realizar el control financiero permanente.
6 - ¿Cuál de las siguientes modificaciones presupuestarias no están contempladas en las Bases de elaboración y ejecución del Presupuesto de la Universidad de Zaragoza?
Ampliación de crédito.
Transferencia de crédito.
Generación de crédito.
Bajas por anulación.
7 - Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos no tiene la consideración de contrato de suministro?
Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición.
Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
8 - Según la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, la actividad de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón deberá ser sometida a evaluación externa por parte de un comité internacional de expertos:
Periódicamente, y al menos una vez cada cuatro años.
Periódicamente, y al menos una vez cada cinco años.
Periódicamente, y al menos una vez cada seis años.
Periódicamente, y al menos una vez cada tres años.
9 - Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, ¿a quién corresponde proponer la implantación o supresión de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en los términos legalmente establecidos?
Al Claustro.
Al Consejo Social.
A la Comunidad Autónoma.
Al Consejo de Gobierno.
10 - Según la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la inspección de servicios de la Universidad:
Actuará regida por los principios de dependencia, jerarquía y eficiencia.
Tendrá por función, entre otras, velar por el correcto funcionamiento de los servicios que presta la institución universitaria de acuerdo con las leyes y normas que los rigen.
La dirección de este servicio será atribuida a personal funcionario docente de la universidad con los requisitos de titulación necesarios para el desempeño de las funciones que dicha inspección tiene encomendados.
Entre sus funciones no se incluye la de incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios que afecten a miembros de la comunidad universitaria.