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1 - Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas:

Quienes representen a un interesado, en cualquier caso.

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria y no se trate de actuaciones derivadas del ejercicio de su actividad profesional.

Las entidades sin personalidad jurídica.

Para la interposición de cualquier recurso administrativo, están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas todos los ciudadanos.

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2 - A los efectos previstos en la LPACAP 39/2015, ¿Cuál de los siguientes no tiene capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?

Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Todas las opciones anteriores son incorrectas.

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3 - Según el artículo 43 de la LPACAP 39/2015, ¿cuándo se entiende rechazada la notificación electrónica?

Pasados diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

Pasados diez días hábiles desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

Pasados quince días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

Pasados quince días hábiles desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

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4 - Según el artículo 47 de la LPACAP 39/2015, son nulos de pleno derecho aquellos actos que:

Restrinjan los derechos y libertades de cualquier tipo.

Los dictados por órgano jerárquicamente incompetente.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Los que tengan un contenido excesivo.

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5 - Según el artículo 22 de la LPACAP 39/2015, suspenderá en todo caso el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar su resolución:

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento.

Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate.

Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados.

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6 - Según el artículo 77 de la LPACAP 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de una Entidad de Derecho Público, éste tiene carácter facultativo.

El plazo del período de prueba será de entre veinte y treinta días.

La valoración de las pruebas siempre debe incluirse en la propuesta de resolución.

La valoración de las pruebas se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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7 - Según el artículo 69.4 de la LPACAP 39/2015, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, determinará la imposibilidad de continuar el ejercicio al derecho o actividad:

Desde el día siguiente en el que se tenga constancia de tales hechos.

Desde el momento de requerimiento de la administración debidamente notificado.

Desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.

Ninguna respuesta anterior es correcta.

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8 - Pone fin a la vía administrativa, señale la incorrecta:

La interposición de recurso potestativo de reposición.

Las resoluciones de los recursos de alzada.

Las resoluciones de los órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.