Parte 2 - Examen tipo test - Gestión de la Función Administrativa (OPE 2017/2018) Servicio Valenciano de Salud 06/11/2022

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1 - Los proyectos de ley serán aprobados según el artículo 88 de la Constitución Española por el órgano siguiente:
El Consejo de ministros, que los someterá al Congreso, acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que podrán aprobar y remitir según el artículo 87 de la Constitución Española proyectos de ley ante la mesa del Congreso de los Diputados.
Por iniciativa popular, recabando 500.000 firmas acreditadas, tal y como se regula en la Constitución Española y en la correspondiente ley orgánica que regula dicha iniciativa legislativa.
El Congreso y el Senado, porque la Constitución Española establece que la iniciativa legislativa corresponde únicamente a estos órganos.
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2 - ¿Cómo se denominan las normas dictadas por el Gobierno en virtud de la delegación legislativa que realiza a las Cortes Generales?
Decretos legislativos.
Decretos leyes, que deberán de ser sometidos inmediatamente a votación del Congreso de los Diputados.
Disposiciones reglamentarias.
Ley de bases, mediante la cual se pueden refundir varias normas existentes sobre una determinada materia legislativa existente en la actualidad.
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3 - Según establece el artículo 81 de la Constitución Española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:
Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría simple del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
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4 - Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 10 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal en pleno conoce de los siguientes asuntos:
Del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las salas.
De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal.
De los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia de las salas.
De los conflictos en defensa de la autonomía local.
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5 - Señale la respuesta correcta. La Ley orgánica del Tribunal Constitucional establece en su artículo 52, referente al recurso de amparo constitucional, que:
La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.
La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 15 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.
La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 20 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.
La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 5 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.
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6 - Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos.
Los actos que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deben serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizarán de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen su convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopten.
Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la administración en procedimientos iniciados por los interesados.
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7 - Se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurran alguna de las circunstancias y en los plazos señalados a continuación:
Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado en virtud de una sentencia firme. El recurso podrá interponerse en el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia firme.
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. El recurso se podrá interponer en el plazo de los tres meses a contar desde el conocimiento de dichos documentos.
Que, al dictarlos, se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. El mencionado recurso podrá interponerse dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos, declarados falsos por sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución, siendo el plazo de interposición del recurso de tres meses a contar desde que se dictara la sentencia judicial.
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8 - Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:
El órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.
Se deberá imponer una sanción por cada una de las infracciones cometidas.
Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
Se deberá imponer la sanción correspondiente a la última infracción cometida, si ha sido declarada así por resolución firme en vía administrativa.
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9 - De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por:
Una disposición de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Un acto administrativo firme, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Una ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Una norma con rango de ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.