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1 - (Reserva) Según lo recogido en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativo a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, indique la opción INCORRECTA:

A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

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2 - (Reserva) De conformidad con el artículo 32 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y sin perjuicio de lo dispuesto en lo especialmente previsto en el artículo 43 y siguientes del citado reglamento:

Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 90 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.

Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 30 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.

Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.

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3 - (Reserva) De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza:

Los prestadores cualificados de servicios electrónicos de fidelidad son los encargados de notificar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las violaciones de seguridad o pérdidas de la integridad señaladas en el artículo 19.2 del Reglamento (UE) 910/2014, sin perjuicio de su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, a otros organismos relevantes o a las personas afectadas.

Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de seguridad son los encargados de notificar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las violaciones de seguridad o pérdidas de la integridad señaladas en el artículo 19.2 del Reglamento (UE) 910/2014, sin perjuicio de su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, a otros organismos relevantes o a las personas afectadas.

Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de confianza notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las violaciones de seguridad o pérdidas de la integridad señaladas en el artículo 19.2 del Reglamento (UE) 910/2014, sin perjuicio de su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, a otros organismos relevantes o a las personas afectadas.

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4 - (Reserva) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, ¿sobre quién NO deberá recaer en modo alguno el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo?:

Sobre los empresarios en la adquisición de equipos de protección individual (EPI) para la seguridad y protección no obligatoria de los trabajadores.

Sobre los delegados de prevención en el ejercicio de sus funciones.

Sobre los trabajadores.

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5 - (Reserva) En relación a la protección de la salud y atención sanitaria a las personas extranjeras, con cargo a fondos públicos de las administraciones competentes el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que:

Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho únicamente a la atención sanitaria urgente siempre que cumplan los requisitos señalados en el apartado 2 de la citada norma.

Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección pública y a la atención social aunque no cumplan todos los requisitos señalados en el apartado 2 de la citada norma.

Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, siempre que cumplan los requisitos señalados en el apartado 2 de la citada norma.