Parte 7 - Ejercicio único tipo test - Administrativo/a (T.L - OEP 2023-2024-2025) Junta de Castilla y León 30/05/2026

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1 - Según el artículo 27 del Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿qué deber específico debe observar el personal de la administración cuando accede a datos de carácter personal en virtud de sus funciones?
El deber de confidencialidad respecto a la información a la que se ha tenido acceso.
El deber de notificar al interesado el acceso realizado en el plazo máximo de diez días.
El deber de realizar una copia de seguridad cifrada de los datos consultados de forma obligatoria.
El deber de informar trimestralmente al comité de seguridad sobre el volumen de datos tratados.
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2 - De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las medidas de acceso a la información por parte de la Administración en los medios digitales de titularidad pública:
Deben ser autorizadas previamente por el Comité de Seguridad de la Información, previo informe del Delegado de Protección de Datos.
Deben ser consensuadas mediante pacto de condiciones de trabajo con los representantes de los empleados públicos en el marco de la negociación colectiva.
Deben limitarse estrictamente al control de los envíos de documentación mediante medios corporativos, excluyendo el acceso a carpetas locales de documentos en proceso de elaboración.
Deben ser idóneas, necesarias y proporcionales, respetando el derecho a la intimidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.
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3 - Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ¿en qué caso concreto los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas sí formarán parte del expediente administrativo?
Siempre que se emitan por un órgano consultivo debidamente identificado.
Únicamente cuando se trate de informes, ya sean preceptivos o facultativos, solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento.
Cuando se incorporen como anexos necesarios en la fase de ejecución de la resolución administrativa.
En ningún caso, ya que los juicios de valor se consideran legalmente como información auxiliar o de apoyo.
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4 - En relación con los requisitos de validez de los documentos electrónicos administrativos, el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas establece que éstos deberán:
Presentar un formato determinado que sea susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Incorporar metadatos adicionales definidos por el órgano emisor en su normativa de autoorganización.
Disponer de datos de identificación que impidan en todo momento su incorporación a un expediente administrativo posterior.
Contener una referencia temporal del momento en que el documento ha sido notificado al interesado.
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5 - Según el artículo 32 del Decreto 7/2013 de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuál es la finalidad primordial de asociar metadatos a los documentos electrónicos?
Garantizar que el documento pueda imprimirse en soporte papel con plena validez jurídica.
Permitir su contextualización dentro del órgano administrativo y del procedimiento que le corresponde.
Facilitar la firma electrónica avanzada de los ciudadanos que intervengan en el expediente.
Asegurar que el tamaño del archivo electrónico no supere los límites del Esquema Nacional de Seguridad.
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6 - Según el artículo 40 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ésta deberá conservar todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo en:
El registro electrónico.
La ventanilla electrónica.
El depósito de originales electrónicos.
La plataforma de firma electrónica.
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7 - Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
La organización interna del funcionamiento de la administración.
El gasto en la contratación de la administración.
Las relaciones con la Administración del Estado.
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
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8 - Según el artículo 43 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León ¿qué debe elaborar la Junta de Castilla y León anualmente respecto a la administración electrónica?
Un informe sobre la protección de datos y la ciberseguridad.
Un plan de modernización de las infraestructuras tecnológicas.
Un informe sobre la implantación de la administración electrónica.
Una memoria sobre la actividad de los registros presenciales.
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9 - De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León, aprobado por Decreto 115/1996, de 2 de mayo, corresponde a los archivos centrales:
Recibir la documentación semiactiva procedente de los archivos de gestión de los organismos y unidades administrativas de las consejerías.
Recibir la documentación activa desde su creación o recepción hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico.
Recibir la documentación inactiva de valor permanente procedente de los archivos de gestión de los organismos y unidades administrativas de las consejerías y delegaciones territoriales.
Recibir la documentación activa procedente de los archivos de gestión de los organismos y unidades administrativas de las consejerías y delegaciones territoriales.
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10 - Según el artículo 4 del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, la comprobación y constancia de los datos necesarios en el procedimiento administrativo se realizará:
A petición del interesado.
Mediante una declaración responsable.
De oficio, de acuerdo con los datos que obren en sus archivos.
A petición del órgano competente para resolver el procedimiento.
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