Parte 3 - Primer ejercicio tipo test - Auxiliar Administrativo/a (T.L - OEP 2022) Xunta de Galicia 25/02/2024

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1 - De acuerdo con el artículo 75.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán facilitar:
La complejidad y la notificación de los procedimientos.
Su integridad y su unidad.
La simplificación y la publicidad de los procedimientos.
La unidad y la claridad de los procedimientos.
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2 - Según establece el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la renuncia de aquel al procedimiento.
En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la renuncia del procedimiento.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
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3 - De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión:
la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento
la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento
la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento
la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento
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4 - Según el artículo 25.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde:
A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, siempre por disposición de rango legal.
A todo órgano administrativo.
A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario.
A los organismos administrativos expresamente creados al efecto con funciones exclusivamente sancionadoras.
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5 - De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y:
siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
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6 - En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de:
los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
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7 - De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por actuación administrativa automatizada:
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público
cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público
cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público
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8 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia:
La acción del Gobierno para la prestación de servicios públicos y la dotación de infraestructuras públicas básicas y sociales de la Comunidad Autónoma se hará conforme a los principios de eficiencia, control público y equilibrio presupuestario.
La acción del Gobierno para la prestación de servicios públicos y la dotación de infraestructuras públicas básicas y sociales de la Comunidad Autónoma se hará conforme a los principios de equidad, solidaridad y equilibrio territorial.
La acción del Gobierno para la prestación de servicios públicos y la dotación de infraestructuras públicas básicas y sociales de la Comunidad Autónoma se hará conforme a los principios de equilibrio presupuestario, control interno y régimen de presupuesto anual.
La acción del Gobierno para la prestación de servicios públicos y la dotación de infraestructuras públicas básicas y sociales de la Comunidad Autónoma se hará conforme a los principios de eficacia, control interno, contabilidad y unidad de caja.
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9 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presueupuestario de Galicia, son competencias del Consejo de la Junta, en el marco de las materias reguladas en esta ley:
La emisión y el régimen de deuda pública y demás operaciones de crédito.
La administración, gestión y recaudación de los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
La ordenación de pagos en los términos establecidos en esa Ley.
La elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
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10 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia será competencia de la Consejería de Economía y Hacienda:
La determinación de las directrices básicas de la política económica y financiera de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia.
La emisión y el régimen de la deuda pública y demás operaciones de crédito.
La administración, gestión y recaudación de los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
La creación y supresión de los organismos autónomos en los términos que se prevén en esta Ley.
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