Como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19 la Xunta de Galicia creó la “Consellería para la Transición hacia una nueva normalidad”. Dentro de la estructura de la consellería, existe una Secretaría General y dos direcciones generales dependientes directamente de la citada secretaría: la “Dirección General de Estudio, Verificación y Control” y la “Dirección General de Impulso y Programas”. La consellería indicada nace con vocación de ser la consellería encargada de la gestión de cualquier actuación relacionada con la Transición hacia una nueva normalidad derivada de la pandemia generada por la COVID-19 y que deberá impulsar, entre otras cosas, la creación de órganos y entidades necesarios para ello.
Paula, después de superar el proceso selectivo, es destinada en dicha consellería, encomendándole, como primera tarea, el diseño de un órgano colegiado cuyas funciones sean principalmente emitir informes o propuestas, asesorar o resolver consultas, en relación a la situación creada por la COVID-19. La presidencia del citado órgano recaerá en el conselleiro y su vicepresidencia en el secretario general técnico de la consellería. Habrá además 9 miembros entre los que participarán organizaciones representativas de intereses sociales. Mientras Paula está con esta tarea, se recibe una solicitud de acceso a los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la consellería, elaborados o adquiridos por dicha consellería en el ejercicio de sus funciones respecto a las organizaciones representativas de intereses sociales a incluir en el órgano colegiado.
Por su parte, del conjunto de los programas elaborados por la Dirección General de Impulso y Programas, uno de ellos está dirigido a los colectivos de regímenes especiales previstos en la normativa de seguridad social y personas con incapacidad permanente, así declarados por la entidad competente, que hubieran sido afectados por la COVID-19. En relación con este programa, se recibe una solicitud de información de Antón que acredita haber estado percibiendo una pensión de incapacidad permanente pero que le indican que al haber cumplido 67 años esa pensión pasó a denominarse pensión de jubilación.
Dentro de ese programa se nombró como órgano instructor a Paula en algunos procedimientos derivados del mismo. Una persona interesada en uno de esos procedimientos la recusa al considerar que se da la circunstancia del artículo 23.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por otra parte, a la vista de la gran cantidad de solicitudes, Paula, se está planteando, como órgano instructor, solicitar la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, así como el prever las consecuencias del silencio administrativo y su forma de acreditación.
Como otra de las actuaciones a realizar por la consellería, la Dirección General de Impulso y Programas realizó una convocatoria de subvenciones para aquellas empresas que sufrieron pérdidas como consecuencia del confinamiento y con el fin de sufragar gastos para iniciar nuevamente su actividad. Las solicitudes para participar en la convocatoria deberían presentarse en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, teniendo lugar dicha publicación el viernes 29 de enero de 2021.
Para la determinación de este plazo se consideró el hecho de que para ser beneficiario se exigía la presentación de copias auténticas de determinados documentos públicos administrativos.
Una vez resuelta la convocatoria de subvenciones, las cuantías de las subvenciones fueron todas inferiores a los 6.000€, por lo que no se consideró procedente la publicación en el Diario Oficial de Galicia, ni de los beneficiarios, ni de las cantidades concedidas. En relación con esto, se presentó una reclamación en la que se exigía la publicación en el Diario Oficial de Galicia de todos los beneficiarios y de las cantidades concedidas.
A pesar de que la convocatoria se realizó por medio de Resolución de la Dirección General de Impulso y Programas, se consideró que debía ser objeto del informe preceptivo sobre impacto de género al amparo del artículo 8 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.
La resolución de concesión se dictó por la persona titular de la Dirección General de Impulso y Programas, indicando la convocatoria que dicha resolución no ponía fin a la vía administrativa procediendo la interposición de un recurso de alzada frente a la misma.
Respecto a la Dirección General de Estudio, Verificación y Control, en ella se está estudiando la viabilidad jurídica de una norma general que regule la verificación, control, establecimiento de infracciones y sanciones de los incumplimientos de las regulaciones existentes en relación al control de la pandemia generada por la COVID-19, surgiendo muchas dudas, pero queriendo que sea la persona titular de la consellería la que ostente la potestad para el ejercicio de la potestad sancionadora, pero pudiendo delegarla en la citada Dirección General de Estudio, Verificación y Control.
En otro orden de cosas, como consecuencia de la actividad de las dos direcciones generales, en la Secretaría General se recibe un escrito de la Dirección General de Estudio y Evaluación en la que manifiesta que ha sido requerido por la Dirección General de Impulso y Programas al entender esta última dirección general que es la competente en un procedimiento ya tramitado en la citada Dirección General de Estudio y Evaluación y no estando de acuerdo con ello. Cuestionándose Paula, cómo se resuelve esto, tanto respeto a la competencia como a los requisitos para su formulación.
PREGUNTAS:
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1 - En relación con el órgano colegiado indicado en el supuesto práctico, según el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, ¿cuál sería su denominación correcta?
Comisión Asesora.
Comité de Apoyo y Asesoramiento.
Consejo.
Comisión.
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2 - En relación con el órgano colegiado indicado en el supuesto práctico, según el párrafo segundo, del apartado 3 del artículo 16 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por:
Al existir un vicepresidente del órgano, por este.
El vicepresidente y en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de este, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
El miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía y edad, por este orden.
El régimen de sustitución del presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del pleno del órgano colegiado.
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3 - En relación con el órgano colegiado indicado en el supuesto práctico, según el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la designación y el cese de la persona que ejerza la secretaría se realizará:
Según lo dispuesto en las normas específicas del órgano y, en su falta, por acuerdo de éste.
Por decisión del presidente del órgano, debiendo ser un empleado público.
Por acuerdo del órgano colegiado a propuesta del presidente.
Por la persona titular de la consellería a la que se encuentre adscrito el órgano colegiado.
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4 - En relación con el órgano colegiado indicado en el supuesto práctico, según el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿le corresponde al secretario del órgano colegiado velar por la legalidad material de las actuaciones del órgano colegiado?
No.
Solo en el supuesto de que ocupe la secretaría una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente y no un miembro del órgano.
No, solo de la legalidad formal, pero no de la material.
Sí.
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5 - Respecto al supuesto práctico, según el apartado c), del punto 3 del artículo 26 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, ¿a quién le correspondería resolver un conflicto de atribuciones suscitado entre la Dirección General de Estudio y Evaluación y la Dirección General de Impulso y Programas?
A la persona titular de la Secretaría General.
A la persona titular de la consellería.
A la persona titular de la consellería con competencias en materia de Administración Pública, previo informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.
Por acuerdo firmado conjuntamente por las propias direcciones generales, previo informe vinculante de la Asesoría Jurídica de la consellería a la que pertenezcan.
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6 - En cuanto al conflicto de atribuciones indicado en el supuesto práctico, según el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿es procedente suscitar el conflicto de atribuciones indicado en el supuesto?
Sí, pero se considerará un funcionamiento anormal de la Administración Pública con derecho a indemnización.
Sí, toda vez que la competencia es irrenunciable.
No, al haber finalizado el procedimiento administrativo.
Sí, con el fin de garantizar la legalidad de los actos administrativos.
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7 - Respecto a los programas elaborados por la Dirección General de Impulso y Programas, uno de ellos está dirigido a los colectivos de los Regímenes especiales previstos en la normativa de Seguridad Social. Según el apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de los siguientes grupos no encuadra un régimen especial?
Extranjeros con contrato laboral al servicio de oficinas diplomáticas o consulares extranjeras en España.
Funcionarios públicos, civiles y militares.
Trabajadores del mar.
Estudiantes.
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8 - Respecto al programa elaborado por la Dirección General de Impulso y Programas dirigido a personas con incapacidad permanente como consecuencia de la COVID-19, ¿cuál de los siguientes grados no es una incapacidad permanente según el apartado 1 del artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por tanto, no entraría dentro del programa?
Incapacidad permanente parcial.
Gran invalidez.
Incapacidad permanente absoluta.
Incapacidad permanente general.
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9 - En relación a la solicitud de información de Antón, y según el apartado 4 del artículo 200 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿las pensiones de incapacidad permanente, pasarán a denominarse pensiones de jubilación?
Cuando sus beneficiarios cumplan 65 años
Mientras se mantenga la situación de incapacidad permanente la pensión correspondiente es la incapacidad permanente, sin considerar la edad.
Cuando sus beneficiarios cumplan 67 años.
Cuando sus beneficiarios cumplan 65 años y tengan 35 años cotizados.
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10 - Respecto al programa elaborado por la Dirección General de Impulso y Programas dirigido a personas con incapacidad permanente como consecuencia de la COVID-19, ¿a qué entidad le corresponde declarar la situación de incapacidad permanente según el apartado 1 del artículo 200 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?
Al Consorcio Nacional de la Seguridad Social.
Al Instituto de Evaluaciones de Incapacidades de la Seguridad Social.
Al Consorcio de Evaluaciones de la Seguridad Social.
Al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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11 - Según lo reflejado en el supuesto respecto a la recusación y lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cómo y cuándo debería haberse planteado la recusación?
La recusación se deberá plantear por escrito y promoverse en un plazo de 15 días desde que se tiene conocimiento de la existencia de la causa de recusación.
La recusación se planteará por escrito y deberá promoverse en un plazo de caducidad de 15 días desde que se tiene conocimiento de la existencia de la causa de recusación.
La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda y podrá promoverse en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
La recusación se planteará por escrito y deberá promoverse inmediatamente y nunca en un plazo superior a 10 días desde que tiene conocimiento, debiendo acreditarse que no se tenía conocimiento de la existencia de la causa de recusación con anterioridad.
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12 - En cuanto a la recusación planteada en el supuesto, de acuerdo con lo reflejado en el párrafo c), del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución?
Cuando lo decida el órgano competente atendiendo a las circunstancias del procedimiento y por resolución motivada notificada a los interesados en él.
Sí, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico.
Sí, pero exclusivamente por el tiempo necesario para solicitar los informes y realizar las comprobaciones que se consideren oportunas para resolver la recusación de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015.
No, salvo que el órgano que ha de resolver la recusación considere que la tramitación del procedimiento puede producir efectos de imposible o difícil reparación, en cuyo caso deberá acordar la suspensión.
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13 - Respecto a la recusación indicada en el supuesto práctico, según el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuándo el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada?
En el plazo de 3 días.
En el día siguiente.
En el plazo improrrogable de 5 días.
En el plazo improrrogable de 5 días, pasado el cual sin manifestar si se da o no en él la causa alegada, procederá declarar de oficio la procedencia de la recusación.
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14 - Respecto a la recusación indicada en el supuesto práctico, según el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá:
En el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
Teniendo en cuenta la causa de recusación, en el día siguiente.
En el plazo de cinco días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
En el plazo improrrogable de cinco días.
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15 - Respecto al supuesto práctico, contra el acuerdo que, en su caso, resuelva sobre la ampliación de plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento; de acuerdo con lo reflejado en el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cabrá algún recurso administrativo?
No cabe recurso alguno.
Sí, cabe el recurso de alzada.
Sí, cabe el recurso potestativo de reposición.
No cabe recurso alguno, excepto el recurso extraordinario de revisión.
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16 - Respecto al silencio administrativo planteado en el supuesto práctico, según lo establecido en el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del silencio producido:
Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
Solo se expedirá por petición de los interesados, debiendo expedirse en el plazo de diez días desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
Solo se expedirá por petición de los interesados, debiendo expedirse en el plazo de diez días desde que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
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17 - Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, y, suponiendo que durante el plazo para la presentación de solicitudes no hay ningún festivo, a excepción de los domingos; según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál sería el último día en que se podría presentar una solicitud de subvención?
El 28 de febrero de 2021.
El 1 de marzo de 2021.
El 3 de marzo de 2021.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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18 - Según el supuesto práctico, para ser beneficiario de la subvención, se exigía la presentación de copias auténticas de determinados documentos públicos administrativos. Según el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a qué órgano deberá dirigirse la solicitud y en qué plazo deberá expedirse por el órgano competente?
La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de diez días a contar desde la presentación en el registro electrónico de la Administración General del Estado u otro administrativo interconectado con aquel.
La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de veinte días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
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19 - Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, una empresa presenta como gasto subvencionable los intereses deudores de las cuentas bancarias que se produjeron durante el confinamiento. Según el apartado a), del punto 7 del artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿puede considerarse este un gasto subvencionable?
No, salvo que así se prevea expresamente en las bases reguladoras.
No, en ningún caso.
Sí, salvo que se prohíba expresamente en las bases reguladoras.
No, salvo que sean indispensables para la adecuada obtención de financiación y los gastos financieros fueran subvencionables de acuerdo con las bases reguladoras y así se prevea expresamente en la convocatoria.
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20 - Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, atendiendo al criterio de la cuantía exclusivamente, ¿era exigible la publicación de los beneficiarios y su cuantía en el Diario Oficial de Galicia según el apartado c), del punto 2 del artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia?
No, al no superar ninguna los 12.000€.
No, al no superar ninguna los 10.000€.
Sí, excepto para las de cuantía inferior a 3.000€.
No, al no superar ninguna los 6.000€.
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21 - Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, en el que se indicaba que la Resolución de concesión se dictaba por la persona titular de la Dirección General de Impulso y Programas, y que dicha resolución no ponía fin a la vía administrativa, procediendo la interposición de un recurso de alzada. En cuanto a dicho recurso de alzada, según el apartado 2 del artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
Solo podrá interponerse ante el órgano competente para resolverlo.
Solo podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
Debe interponerse ante el órgano competente para resolverlo, pero anunciándolo previamente al órgano que dictó el acto que se impugna para que pueda remitir el expediente en el plazo de 15 días.
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22 - Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, la Dirección General de Impulso y Programas consideró que debía ser objeto del informe preceptivo sobre impacto de género elaborado por el órgano competente en materia de igualdad al amparo del artículo 8 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. Según dicho precepto, ¿era preceptivo dicho informe?
Sí, dicho informe no solo es preceptivo, sino que, además, es vinculante.
Sí, dicho informe es preceptivo de acuerdo con el principio de transversalidad, aunque no sería vinculante.
No, al no tener carácter reglamentario la convocatoria.
Sí, al tener la convocatoria efectos generales equivalentes a las de un Reglamento, aunque sin que dicho informe tuviera carácter vinculante.
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23 - Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, en dicha convocatoria se requería de los interesados el uso obligatorio de firma para la presentación de las solicitudes. ¿Pueden las Administraciones Públicas requerir a los interesados el uso obligatorio de la firma, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
No, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esa Ley.
Sí, al poder requerirse para formular solicitudes.
No, salvo que los interesados hubiesen acreditado previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esa Ley.
Sí, ya que las Administraciones Públicas deben requerir a los interesados el uso obligatorio de firma para cualquier actuación con la que se relacionen con ella.
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24 - En cuanto a la norma indicada en el supuesto práctico en estudio para regular la verificación, control, establecimiento de infracciones y sanciones de los incumplimientos de las regulaciones existentes en relación al control de la pandemia generada por la COVID-19; de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿de qué tipo debe ser dicha norma, teniendo en cuenta la regulación prevista que contendrá?
Resolución u Orden de la consellería, indistintamente.
Decreto de la Xunta de Galicia, al existir reserva reglamentaria para la determinación de las infracciones.
Decreto conjunto de la consellería con competencias en materia de hacienda, al regular sanciones, y de la consellería designada para imponer las sanciones.
Ley, al existir reserva legal para la determinación de las infracciones.
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25 - En cuanto a la norma indicada en el supuesto práctico para regular la verificación, control, establecimiento de infracciones y sanciones de los incumplimientos de las regulaciones existentes en relación al control de la pandemia generada por la COVID-19; de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿de qué tipo debe ser la norma que establezca que el ejercicio de la potestad sancionadora para la imposición de sanciones le corresponde a la persona titular de la consellería?
Exclusivamente por disposición de rango legal.
Por disposición de rango legal o reglamentario.
Exclusivamente por disposición de rango reglamentario, pero aprobado por decreto de la Xunta de Galicia.
Exclusivamente por disposición de rango legal al querer delegar la competencia en una dirección general, y debiendo preverse dicha delegación.
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26 - En cuanto a la norma indicada en el supuesto práctico para regular la verificación, control, establecimiento de infracciones y sanciones de los incumplimientos de las regulaciones existentes en relación al control de la pandemia generada por la COVID-19; de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, ¿es posible la delegación del ejercicio de la potestad sancionadora por la persona titular de la consellería en la persona titular de la Dirección General de Estudio, Verificación y Control?
No, el ejercicio de la potestad sancionadora no puede ser objeto de delegación.
Sí, salvo que sea una de las materias en que así se determine por una norma con rango de ley que no podrán ser objeto de delegación.
Sí, siempre que una norma con rango legal prevea la delegación.
Sí, siempre que una norma con rango legal o reglamentario prevea la delegación del concreto ejercicio de la potestad sancionadora y exista relación jerárquica entre el órgano delegante y el delegado.
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27 - Dentro del ámbito de las competencias de la Dirección General de Estudio, Verificación y Control, se va a iniciar un procedimiento a una persona de la que se desconocen algunos de sus datos. Según lo establecido en el apartado 4 del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué datos de la persona, a los solos efectos de la iniciación del procedimiento, puede la citada dirección general recabar mediante consulta a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística?
Los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal.
Ninguno, ya que los datos del Instituto Nacional de Estadística lo son a efectos exclusivamente estadísticos, salvo que exista consentimiento previo del interesado.
Cualquiera de los datos del interesado recogidos en el Padrón Municipal.
Cualquiera de los datos del interesado de que disponga el Instituto Nacional de Estadística.
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28 - En cuanto a la aplicación de la norma indicada en el supuesto práctico para regular la verificación, control, establecimiento de infracciones y sanciones de los incumplimientos de las regulaciones existentes en relación al control de la pandemia generada por la COVID-19; según lo establecido en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y lo reflejado en el supuesto, ¿la imposición de una sanción previa en el ámbito civil podría impedir sancionar administrativamente a una persona o entidad?
Sí.
No.
Sí, salvo autorización previa del órgano judicial que hubiera dictado la sentencia sancionadora en el ámbito civil y esta fuera firme.
No, salvo que el órgano judicial que hubiera dictado la sentencia sancionadora en el ámbito civil, exigiera, por medio de resolución judicial, que se garantizase la indemnidad de los derechos de terceros que pudieran verse perjudicados por la sanción administrativa.
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29 - En cuanto a la aplicación de la norma indicada en el supuesto práctico para regular la verificación, control, establecimiento de infracciones y sanciones de los incumplimientos de las regulaciones existentes en relación al control de la pandemia generada por la COVID-19; según el apartado 1 del artículo 64 del Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de que la apertura de un expediente sancionador viniese derivado de una denuncia, ¿la incoación se comunicará al denunciante?
No, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio.
Sí, pero exclusivamente en los supuestos en los que esté prevista la acción pública.
Sí, cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.
No, solo se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.
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30 - En cuanto a la solicitud de acceso indicado en el supuesto práctico, de acuerdo con lo establecido en apartado 4 del artículo 27 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, deberá notificarse a la persona solicitante:
Lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
En el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
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31 - (Reserva) (Supuesto n.º 1) Respecto al programa elaborado por la Dirección General de Impulso y Programas dirigido a los colectivos de Regímenes especiales previstos en la normativa de seguridad social, por Resolución de la citada dirección general se indicaba que, en caso de ser necesario valorar la incidencia de la COVID- 19, a requerimiento de la Administración, se podría exigir la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas. Según el apartado 1 del artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿En qué casos es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas?
La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando no exista otro medio para conseguir el fin propuesto por la comparecencia.
La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas en ningún caso será obligatoria.
La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria en los procedimientos iniciados de oficio para salvaguardar el interés público.
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32 - (Reserva) (Supuesto n.º 1) Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada en el supuesto práctico, las cuentas del ejercicio donde se reflejen las operaciones relacionadas con la subvención concedida, según el apartado 4 del artículo 28 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿puede constituir un medio de justificación de la subvención?
No, en ningún caso.
Sí, cuando el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial, la presentación de las cuentas del ejercicio donde se reflejen las operaciones relacionadas con la subvención concedida, elaboradas según normas de contabilidad recogidas en las disposiciones aplicables, constituirán un medio de justificación.
Sí, pero exclusivamente cuando el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial que le permita la presentación de cuentas de forma abreviada y estas estén auditadas por un auditor independiente que no establezca reparos a la justificación de la subvención.
No, salvo que así se prevea expresamente en la convocatoria y el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial, que exija el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y estas estén auditadas por un auditor independiente que no establezca reparos a la justificación de la subvención.
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33 - (Reserva) (Supuesto n.º 1) Respecto al programa elaborado por la Dirección General de Impulso y Programas dirigido a los colectivos de Regímenes especiales previstos en la normativa de seguridad social, si algún interesado, como persona física particular, no dispusiera de los medios electrónicos necesarios, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo, ¿podría ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello?
No, salvo que hubiera otorgado previamente un poder de representación notarial o apud acta para este tipo de actuaciones y conste su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
No, en ningún caso, debiendo usar la firma manuscrita.
Sí, siempre que se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de litigio.
Sí, siempre que hubiera otorgado previamente un poder de representación notarial o apud acta para este tipo de actuaciones.
