Parte 5 - Primer ejercicio tipo test (aplazado covid) - Administrativo/a (P.I - OEP 2018-2019) Xunta de Galicia 15/07/2021

1 - Según el artículo 23.2 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración general y del Sector Público Autonómico de Galicia, la creación, modificación y supresión de consejerías será aprobada por:

Acuerdo del Consejo de la Xunta

Decreto de la Presidencia de la Xunta en el caso de creación de consejerías y acuerdo del Consejo de la Xunta en el resto de los casos

Decreto de la persona titular de la Presidencia de la Xunta

Orden de la persona titular de la Presidencia da Xunta

2 - Según el artículo 30.1, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración general y del Sector Público Autonómico de Galicia, ¿cuál de las siguientes funciones las desempeñan los titulares de las direcciones generales?:

Impulsar, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollen en las dependencias a su cargo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en ellos

Dirigir y gestionar los servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades administrativas que estén bajo su dependencia

Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la consejería

Elaborar los proyectos de planes generales de actuación de la consejería

3 - Según el artículo 35.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración general y del Sector Público Autonómico de Galicia, una jefatura territorial dependerá:

Orgánica y funcionalmente de la consejería que corresponda por razón de su materia

Orgánicamente de la delegación territorial correspondiente y funcionalmente de la consejería que corresponda por razón de su materia

Orgánica y funcionalmente de la delegación territorial que corresponda

Orgánicamente de la consejería que corresponda por razón de su materia y funcionalmente de la delegación territorial que corresponda

4 - Según el artículo 42.5 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración general y del Sector Público Autonómico de Galicia, el trámite de audiencia y de información pública de los proyectos normativos podrá ser:

Abreviada hasta un mínimo de cinco días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen

Abreviado hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen

Abreviado hasta un plazo razonable cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen

Abreviado hasta un mínimo de tres días cuando el proyecto tenga repercusiones en cuestiones de género

5 - Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no quedarán excluidos de esta Ley los siguientes contratos:

La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral

Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación

La prestación de servicios sociales por entidades públicas que se realicen con la necesidad de realizar un contrato

Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general

6 - Según el artículo 23.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada:

Aquellos que sean subvencionados de forma directa en más de un 50% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores

Aquellos que sean subvencionados de forma directa en más de un 30% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores

Aquellos que sean subvencionados de forma directa en más de un 50% de su importe por entidades del sector público

Aquellos que sean subvencionados de forma indirecta en un 50% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores

7 - Según el artículo 30.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la ejecución directa de obras, podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que no haya oferta de empresarios en la licitación previamente efectuada

Cuando se trate de un supuesto de urgencia

Cando, dada la naturaleza de la prestación, no sea posible la fijación previa de un precio cierto o de un presupuesto por unidad simple de trabajo

Que la administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 3% del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en la ejecución

8 - Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los documentos en que se formalicen los contratos celebrados por las entidades del sector público, no deberán incluir necesariamente:

La identificación de las partes

La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato

El precio cierto, o modo de determinarlo

Documentación equivalente que acredite la existencia de financiación y fiscalización previa de la Intervención

9 - Según el artículo 74.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que determinará:

El poder adjudicador

La mesa de contratación

El órgano de contratación

La propia empresa adjudicataria

10 - Según el artículo 82 da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el plazo de vigencia y revisión de la clasificación de las empresas:

Para la conservación de la clasificación deberá justificarse cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera

Tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión

Para la conservación de la clasificación deberá justificarse cada cinco años la solvencia técnica y profesional

La clasificación no será revisable a petición de los interesados

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