El Gobierno de España promueve una modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Para ello realiza los trámites necesarios que concluyen con la publicación de la norma el 28 de junio del año 2025. Una vez publicada, D. Antonio Pérez considera que la modificación aprobada vulnera claramente la Constitución Española, por lo que decide impugnar su constitucionalidad.
Además, D. Antonio Pérez presenta una solicitud de inscripción de una asociación de cría de perros de caza en el Registro de Asociaciones de La Rioja, dirigida a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja, órgano competente para su resolución. El plazo para resolver y notificar es de tres meses desde la presentación de la solicitud. En caso del vencimiento del plazo máximo sin haberle notificado resolución expresa, el interesado puede entenderla estimada.
Transcurrido un mes desde la presentación de su solicitud de inscripción, D. Antonio Pérez es notificado mediante Resolución de la Directora General de Justicia e Interior, de que su solicitud ha sido denegada por incumplimiento de los requisitos legales. D. Antonio Pérez decide interponer un recurso contra esa denegación.
Antes de que se plantee ningún recurso, la Administración advierte que la resolución que ha adoptado es errónea, porque no había tenido en cuenta toda la documentación que había remitido el solicitante, por lo que se plantea la posibilidad de rectificar de oficio la resolución de denegación.
Una vez todo en orden, D. Antonio Pérez, en nombre y representación de la asociación de cría de perros de caza solicita una subvención de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destinada a entidades de protección animal. Su solicitud, tramitada en régimen de concurrencia competitiva, es finalmente rechazada por resolución de la titular de la Consejería. Al no estar conforme con los motivos de denegación, decide interponer un recurso contencioso-administrativo.
Por otro lado, la Consejería de Salud y Políticas Sociales ha resuelto la adjudicación de un contrato de limpieza a favor de Limpiezas S.L. por importe de 520.000 euros (21% IVA incluido), con duración de dos años para la Residencia de Personas Mayores de Lardero adscrita a dicha Consejería y con una distribución en tres anualidades (2024, 2025 y 2026). En el ejercicio 2024, se dispone a favor de Limpiezas, S.L. un crédito por un importe de 140.000 euros (21% IVA incluido) y en el ejercicio 2026 un crédito por importe de 120.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 06.02.2324.XXX.XX. El contrato de servicios se formalizó con fecha 28 de mayo de 2024 y la fecha de inicio del contrato se fijó para el día 1 de junio de 2024.
La Administración quiere modificar el contrato para atender nuevas necesidades que no había previsto en el pliego de cláusulas administrativas, aplicando excepcionalmente los supuestos previstos en el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Durante la ejecución del contrato, un residente resbala al pisar una bayeta de limpieza que se encontraba en el suelo y como consecuencia sufre una caída y se fractura la muñeca.
Por otra parte, D. Celestino Ortiz, al ir a visitar a un familiar interno en la Residencia de Personas Mayores de Lardero, se tropieza con una baldosa rota ubicada en el recibidor de dicha residencia con tal mala suerte que se fractura la mandíbula. Por este motivo, el 16 de septiembre de 2025 presenta reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración solicitando una indemnización de 5.000 euros por los daños sufridos.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el supuesto práctico A, conteste a las siguientes preguntas: