Parte 6 - Primer ejercicio tipo test - Administrativo/a (T.L - OEP 2021) Gobierno de La Rioja 18/10/2025

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1 - Según el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación:
Si la demora en el pago fuese superior a tres meses.
Si la demora en el pago fuese superior a seis meses.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses.
Si la demora en el pago fuese superior a cinco meses.
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2 - Según el artículo 212 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo máximo para la instrucción y resolución de los expedientes de resolución contractual será:
6 meses.
8 meses.
12 meses.
3 meses.
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3 - ¿Cuál de las siguientes NO se considera una manifestación de la actividad de limitación?
Autorización.
Órdenes.
Licencias.
Contratos administrativos.
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4 - La gestión indirecta de los servicios públicos se puede realizar:
Mediante la creación de una sociedad privada.
Mediante un contrato de concesión de servicios.
Mediante la creación de un organismo autónomo.
Mediante la gestión indiferenciada sin órgano especial.
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5 - Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, NO se encuentra:
El acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
La obtención de información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
Exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
La obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
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6 - Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del mismo:
Cuando el órgano competente para resolver el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
Cuando el órgano competente para resolver el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
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7 - Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la anulabilidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano superior del que dictó dicha disposición.
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la anulabilidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano superior del que dictó dicha disposición.
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
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8 - Según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al recurso potestativo de reposición:
Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
No se podrá interponer recurso potestativo de reposición hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso contencioso-administrativo interpuesto.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el órgano superior del que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
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9 - Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que:
La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La lesión no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en todo caso.
La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en todo caso.
La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
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10 - Según el artículo 15 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate:
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
Mediante orden del Consejo Consultivo.
Mediante acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación.
Mediante acuerdo del Consejo Consultivo.