Examen parte 3 Auxiliar Administrativo/a Ayuntamiento de Andújar 2020

1 - . La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su art. 128 que:

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales.

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Las respuestas a, b y c son todas correctas.

2 - . La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su art. 129 que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con una serie de principios:

De acuerdo a los principios de seguridad jurídica y transparencia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general.

La adecuación a los principios del art. 129 quedará suficientemente justificada en la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento.

En virtud del principio de eficiencia, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos.

A fin de garantizar el principio de necesidad, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable.

3 - . Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su art. 208 referente a la suspensión de los contratos, establece que:

Acordada la suspensión, la Administración abonará siempre al contratista los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. (Siempre no, el pliego puede decir otra cosa).

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, siempre que acredite fehacientemente su realidad.

Acordada la suspensión, solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la Administración acordase la suspensión del contrato se extenderá un acta, de oficio, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

4 - . Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su art. 156, establece que:

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para todos los contratos.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones se contará desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para las concesiones de obras y servicios.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones se contará desde la fecha de recepción del anuncio de licitación en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

5 - . La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su art. 85 establece que:

Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales delegados por las Comunidades Autónomas.

Los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública o privada.

Los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública o mixta.

Los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa a través de una entidad pública empresarial local.

6 - . La actual Constitución Española: Publicación y Vigencia:

Se publicó el 29 de Diciembre de 1978, y está vigente desde el mismo día de su publicación.

Esta vigente desde el 1 de diciembre de 1978, fecha en que fue sancionada por S.M el Rey Felipe VI.

Se publicó en el mes de diciembre de 1978 estando vigente desde el 1 de enero de 1.979.

La Constitución Española está vigente desde el 6 de diciembre de 1.978, fecha en la que el pueblo español la ratificó en referendum.

7 - . Según el Art. 140 de la Constitución:

Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales.

Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos.

Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.

Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos, los Concejales o miembros del concejo abierto.

8 - . El Art. 155 de la Constitución establece, para el caso de que una Comunidad Autónoma actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, lo siguiente:

Que el Presidente del Gobierno, directamente con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá suspender la autonomía de dicha Comunidad.

Que el Presidente del Gobierno, previa aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma a que cese dicha actividad, y en caso de no atender dicho requerimiento tomará las medidas necesarias para la protección del mencionado interés general.

Que para ejecutar medidas de protección del interés general, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Las opciones b y c son correctas.

9 - . Según el Art. 66 de la Constitución, las Cortes Generales:

Aprueban los presupuestos.

Ejercen la potestad legislativa del Estado, siempre bajo el control del Gobierno.

Son irrevocables.

Las opciones a) y c) son correctas.

10 - . El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 181, referente a las generaciones de créditos, establece que podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:

Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.

Constitución de préstamos.

Ingresos derivados de sentencias judiciales.

Las respuestas a y c son correctas.

11 - . La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su art. 112 que versa sobre objeto y clases de los recursos administrativos, establece que:

Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados deberán interponer recurso de reposición.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Las respuestas a y c son correctas.

12 - . La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su art. 114 que versa sobre el fin de la via administrativa, establece que ponen fin a la vía administrativa:

Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento.

Las resoluciones de los recursos de alzada.

Las opciones b y c son correctas.

13 - . Entre las atribuciones del Pleno recogidas en el Art 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no se encuentra:

El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

Representar al ayuntamiento.

La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.

Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal.

14 - . La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Art. 126, referente a la Organización de la Junta de Gobierno Local, establece que:

La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde.

Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea al menos igual al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición.

La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Alcalde de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.

Las respuestas a, b y c son correctas.

15 - . Según el Art. 123 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales:

Requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno.

Requerirá el voto favorable de dos tercios del número legal de miembros del Pleno.

Requerirá el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros del Pleno.

Se hará mediante resolución de Alcaldía, dando cuenta posteriormente al Pleno.

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