Parte 2 Auxiliar Administrativo/a Servicio Valenciano de Salud 2018

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1 - De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una misma resolución fuera notificada por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación:
La que resulte más favorable al interesado.
La emitida a través de la sede electrónica de la Administración.
La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
La de publicación en el diario oficial correspondiente.
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2 - Según el tenor literal del artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el intento de notificación se practique en el domicilio del interesado y ésto no fuera posible, el intento se repetirá:
Por dos veces y en una hora distinta dentro de los cuatro días siguientes.
Por una sola vez y en una hora distinta al día siguiente.
Por dos veces y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
Por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
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3 - De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas NO son nulos de pleno derecho:
Los actos dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Los actos dictados en desviación de poder.
Los actos que sean constitutivos de infracción penal.
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4 - Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha no pudiendo otorgarse efectos retroactivos.
La Administración podrá convalidar los actos nulos subsanando los vicios de que adolezcan.
La Administración no podrá convalidar un acto viciado cuando el vicio consista en la falta de una autorización.
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5 - De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución de acuerdo con los principios de:
Eficacia, economía y celeridad.
Legalidad y seguridad jurídica.
Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Eficacia, igualdad y participación.
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6 - De acuerdo con el principio de simplificación administrativa establecido en el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites respetando los principios de transparencia y publicidad.
Se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.
Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado por su cumplimento sucesivo.
Cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
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7 - Respecto al trámite de la prueba del procedimiento administrativo establecido en la sección 2ª del capítulo IV del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la alternativa correcta:
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.
El instructor del procedimiento admitirá todas las pruebas propuestas por la Administración y los interesados.
La administración comunicará a los interesados, con una antelación mínima de diez días, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas.
El período de prueba será por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez.
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8 - De acuerdo con lo establecido en el capítulo III del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la ordenación del procedimiento administrativo:
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de quince día a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
El procedimiento se impulsará a través de medios electrónicos.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento que se refieran a la nulidad de actuaciones suspenderán la tramitación del mismo.
El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se podrá impulsar de oficio o a instancia del interesado.
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9 - El artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece como medios de ejecución forzosa los siguientes:
Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
Apremio sobre las personas, multa coercitiva y compulsión sobre el patrimonio.
Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria y compulsión sobre las personas.
Apremio sobre el patrimonio, multa subsidiaria y compulsión sobre las personas.
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10 - El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del recurso potestativo de reposición, establece que:
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el órgano superior que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de tres meses.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, y no podrán ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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11 - Conforme al principio de proporcionalidad de la potestad sancionadora de la Administración Pública establecido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:
La graduación de la sanción considerará especialmente, entre otros criterios, la naturaleza de los perjuicios causados.
Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se acumularán las sanciones correspondientes a todas las infracciones cometidas.
Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior.
Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, la privación de libertad.
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12 - Conforme al artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial:
En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar no prescribirá.
En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción empezará a computarse desde la fecha en que se produjo el daño.
En la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar, entre otras cuestiones, la presunta relación de causalidad entre las lesiones y el funcionamiento del servicio público.
El derecho a reclamar prescribirá a los dos años de que se produzca el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
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13 - De conformidad con lo que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración Pública.
El recurso contencioso-disciplinario militar.
Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
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14 - El artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con:
Su publicación.
La adjudicación provisional.
La adjudicación definitiva.
Su formalización.
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15 - El artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que el plazo de vigencia de la clasificación de las empresas será:
De un año.
Indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.
De tres años.
De tres años para el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, de dos años para la solvencia técnica y profesional.
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