Examen parte 1 Bolsa Administrativos/as Ayuntamiento de A Estrada 2021

1 - El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo 2º de la Constitución se tutelará, en su caso, a través del:

Recurso de inconstitucionalidad ante el Consejo General del Poder Judicial.

Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Recurso contencioso-administrativo ante el Ministerio Fiscal.

Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2 - Conforme al art. 69 de la Constitución, señale la respuesta correcta en relación a la elección de Senadores:

Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador.

En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas.

Las Comunidades Autónomas designarán a dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo cuatro a cada una de las islas mayores Gran Canaria, Mallorca, y Tenerife y dos a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

3 - La Constitución Española regula en su título VI el Poder Judicial y concretamente su artículo 117 hace referencia al principio de:

Exclusividad Jurídica.

Responsabilidad Judicial.

Unidad Jurisdiccional.

Autogobierno.

4 - La Constitución Española en su artículo 130 determina que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. Con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles, se dispensará un tratamiento especial a las:

Zonas costeras cuya actividad sea eminentemente pesquera.

Zonas menos desarrolladas.

Zonas de montaña.

Zonas del sector económico de la industria.

5 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o elegida por el interesado, se podrá entender rechazada cuando hayan transcurrido:

Diez días hábiles sin que el interesado acceda a su contenido.

Diez días desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

Diez días sin que el interesado reciba acuse de recibo.

Diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

6 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos de trámite, que no decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, no determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados podrán:

Interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

Interponer el recurso de alzada, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

Oponerse a dichos actos de trámite y alegar esa oposición para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

7 - Se puede interponer el recurso potestativo de reposición en nombre y representación de otra persona?:

No, salvo que se indique expresamente tal posibilidad.

Sí, si se acredita la representación con la que actúa.

Sí, no es necesario acreditar dicha representación.

No, al ser un acto personalísimo.

8 - En la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo:

Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario.

Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo presentación de solicitudes y recursos.

Se reducen a 15 días los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo presentación de solicitudes y recursos.

El plazo total para resolver el procedimiento se reducirá a la mitad.

9 - Al amparo del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, disponer de biblioteca pública es un servicio obligatorio en municipios con población superior a:

5.000 habitantes.

20.000 habitantes.

50.000 habitantes.

Es obligatorio en todos los municipios.

10 - Según el artículo 20.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la:

Mayoría simple del número legal de sus miembros.

Mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

Mayoría de dos tercios del número legal de sus miembros.

Mayoría de tres quintos del número legal de sus miembros.

11 - Según lo recogido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades locales en su actuación al servicio de los intereses públicos se ajustarán a los principios:

De descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De eficiencia, jerarquía, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

De eficacia, eficiencia y efectividad.

De eficacia, jerarquía y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

12 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

Todo el suelo urbano se considera solar.

Todo suelo urbano está transformado por la urbanización y cuenta con todos los servicios.

Todo suelo urbano está consolidado por la edificación, por ocupar la misma al menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma.

Todo solar es suelo urbano consolidado.

13 - A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones:

La enumeración de los documentos que integran el contrato.

El precio cierto, o en su caso, indeterminado, señalando, en este caso, la estimación máxima del gasto.

La duración del contrato, así como las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización excluyendo mención a las prórrogas, por tener éstas carácter voluntario.

Referencia a la legislación aplicable haciendo expresa mención a la normativa europea en el caso de contratos suscritos con extranjeros.

14 - A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una causa de anulabilidad en materia de contratación:

Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que se incluyan cláusulas contractuales que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra insuficiencia de crédito de conformidad con la normativa presupuestaria.

Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra carencia de crédito de conformidad con la normativa presupuestaria.

Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra la falta de acreditación debida de la clasificación del contratista, cuando esta proceda.

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