Examen parte 4 Administrativo/a GVA (Promoción interna vertical) 2022

1 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según lo establecido en el Capítulo I del Título III del Libro Primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

En el cálculo del valor estimado del contrato no deberán tenerse en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, ni otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, ni los gastos generales de estructura ni el beneficio industrial.

Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato no podrá, en ningún caso, limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.

A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

En el cálculo del valor estimado del contrato no deberán tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato.

2 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

Los contratos del sector público tendrán, cuando así lo acuerde el órgano de contratación, un precio cierto. Éste se abonará al contratista en función de la prestación pactada. En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.

En los contratos celebrados con precios provisionales cabrá la revisión de precios.

Con carácter general el precio deberá expresarse en la divisa acordada por el órgano de contratación, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, u otras Leyes así lo prevean.

3 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto del expediente de contratación:

La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

Con carácter general, la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas no requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente por el órgano de contratación.

Con carácter general, al expediente se incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares, pero no el de prescripciones técnicas, que hayan de regir el contrato.

Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo el cierre del procedimiento de adjudicación.

4 - Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:

Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5 - Una conselleria quiere crear una sede electrónica derivada para ofrecer a la ciudadanía, a través de Internet, los contenidos específicos de su ámbito de competencias. Según el artículo 22 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, la creación de sedes electrónicas derivadas necesitará:

Informe previo, facultativo y vinculante del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Informe previo, preceptivo y vinculante del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Informe previo, facultativo y no vinculante del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Informe previo, preceptivo y no vinculante del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

6 - Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, la citada ley se aplica al personal funcionario, al personal laboral empleado público cuando así lo disponga expresamente, y al personal eventual en los términos y con las limitaciones previstas en el artículo 20 de la misma en lo que sea compatible con la naturaleza de su relación jurídica, que presta sus servicios en:

Les Corts Valencianes.

Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en relación con todo su personal, en todo lo que no esté expresamente regulado por la legislación orgánica de universidades y sus disposiciones de desarrollo.

Los organismos públicos de la Generalitat a que se refiere el artículo 2.3 letra a) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Los consorcios, estén adscritos o no, a la Generalitat.

7 - Según el artículo 6.2 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, la jefatura superior de personal en la presidencia de la Generalitat y en cada conselleria, sin perjuicio de la máxima autoridad orgánica del president o presidenta de la Generalitat y de las conselleras o consellers, corresponderá a:

La Dirección General de Función Pública.

Los titulares de las subsecretarías.

La Secretaría General Administrativa.

Los titulares de las jefaturas de servicio correspondientes.

8 - Según el artículo 9 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿quién ostenta la Presidencia del Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR)?

La persona titular de la conselleria competente en materia de función pública.

La persona titular de la secretaría autonómica competente en materia de función pública o, en caso de inexistencia, la del órgano designado por quien sea titular de la conselleria con competencias en la citada materia.

La persona titular de la secretaría autonómica competente en materia de presupuestos.

La persona titular de la Presidencia de la Generalitat.

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