Modelo A parte 3 Administrativos/as (Prom. Interna Independiente) Ayuntamiento de Madrid 2020

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1 - A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no se considera que forman parte del sector público:
Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
Las fundaciones públicas cuyo patrimonio esté integrado en un 50 por ciento o más, por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente o temporal.
Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera.
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2 - Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el derecho de explotación de los servicios implicará:
La transferencia al concesionario del riesgo operacional.
La gestión de un servicio cuya prestación puede ser de competencia pública o privada.
Como contrapartida el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien el de percibir un precio.
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3 - Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de:
Derecho administrativo o de derecho privado.
Preferentemente de derecho administrativo, y supletoriamente de derecho privado.
Únicamente de derecho administrativo.
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4 - Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan:
Temporalmente al efecto, siendo necesario la formalización de las mismas en escritura pública.
Temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
Con carácter permanente, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública incluso cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
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5 - La resolución de adjudicación de un contrato del sector público deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de:
15 días.
10 días.
20 días.
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6 - Cuando para la adjudicación de un contrato del sector público deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de:
Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas generales.
15 días, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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7 - De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, ¿Qué actos de los enumerados no están sujetos a Licencia Urbanística, Comunicación Previa o Declaración Responsable?
Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro acto de división de fincas o predios que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación.
La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo.
Las obras de urbanización no previstas en los proyectos de urbanización.
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8 - De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, el plazo máximo de resolución del procedimiento exigiendo el cumplimiento del deber de conservar o rehabilitar será de:
Diez meses.
Seis meses.
Tres meses.
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9 - La negativa u obstrucción a la labor inspectora en materia urbanística es una falta:
Grave.
Muy grave.
La negativa es falta muy grave y la obstrucción es falta grave.
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10 - Conforme al artículo 95.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es falta muy grave:
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.
El acoso laboral.
El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
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