Extraordinario parte 1 Auxiliares Administrativos/as (T.L) Castilla-La Mancha 12/12/2023

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1 - La Constitución Española de 1978 establece en relación con el funcionamiento de las Cámaras que es cierto que:
Las Cámaras no podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Las Cámaras no podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley.
El Pleno no podrá recabar un proyecto o proposición de Ley que haya sido objeto de delegación en una Comisión Legislativa Permanente.
Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Diputaciones Permanentes.
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2 - La Constitución Española de 1978 establece que:
La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La prerrogativa real de gracia será aplicable en el caso de responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno.
Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la quinta parte de los miembros del Congreso.
La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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3 - Según establece la Constitución Española de 1978, ¿por cuántos miembros está integrado el Consejo General del Poder Judicial?
Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
Por el Presidente del Tribunal Constitucional y por veinte miembros más.
Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros más nombrados por el Rey.
Por quince miembros nombrados por el Rey por un periodo de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3 años.
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4 - ¿Qué derecho podría ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución Española de 1978?:
El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional.
El derecho a la libertad de cátedra.
El derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
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5 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio administrativo será estimatorio:
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
En los procedimientos de impugnación de disposiciones.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo en los supuestos en que una norma con rango de ley establezca lo contrario.
En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición.
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6 - En relación con la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar establecido en la Ley 39 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (señale la afirmación correcta):
La ampliación del plazo para resolver y notificar no puede ser nunca superior a un mes.
La ampliación del plazo para resolver y notificar puede ser, en casos excepcionales, superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos cabrá el recurso de alzada.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
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7 - En los procedimientos iniciados por denuncia, regulados en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
No es necesaria la identificación de la persona o personas denunciantes para poder así protegerles de futuras represalias.
Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción que perjudique al patrimonio de las Administraciones, y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería siempre que se cumplan determinadas condiciones.
La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
El órgano competente para resolver eximirá al denunciante que haya participado en la comisión de una infracción de la reparación del perjuicio causado.
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8 - Respeto al desistimiento de los procedimientos iniciados de oficio y al desistimiento y renuncia de los interesados, señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que:
Los interesados no podrán desistir de su solicitud si ya se han iniciado actuaciones.
Si el escrito de iniciación se hubiese formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia de uno de ellos afectará a todos los interesados.
Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entraña interés general, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración no podrá nunca desistir de sus actuaciones.
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9 - Según indica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se efectuará por las administraciones públicas la ejecución forzosa respetando el principio de proporcionalidad, por un uno de los siguientes medios:
Compulsión sobre el patrimonio.
Multa subsidiaria.
Apremio sobre el patrimonio.
Ejecución coercitiva.
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10 - En relación con la declaración de lesividad de los actos anulables regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Las Administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos no favorables a los interesados.
La declaración de lesividad no podrá acordarse transcurridos 2 años desde que se dictó el acto administrativo.
La declaración de lesividad será susceptible de recurso de alzada.
Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
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