1 - Conforme establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de estas respuestas es INCORRECTA?:
La modificación del escudo de un Ayuntamiento requiere la mayoría absoluta de los miembros del Pleno.
La aprobación de una ordenanza local requerirá información pública y audiencia a los/las interesados/as por el plazo mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Las solicitudes de celebración de sesiones extraordinarias del Pleno de una Corporación Local por parte de un/a Concejal/a, está limitada a un máximo de tres anuales.
Un ayuntamiento de 18.000 habitantes celebrará, al menos, una sesión ordinaria del pleno cada dos meses.
2 - Según el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en la indicada Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de …………………… (COMPLETAR EL ENUNCIADO CON LA OPCIÓN CORRECTA):
Derecho necesario mínimo indisponible.
Derecho necesario básico.
Normas básicas.
Normas básicas indisponibles.
3 - Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de suministro:
Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles.
Los que comprendan conjuntamente la entrega de una pluralidad de bienes y la prestación de servicios, siempre que el valor estimado del primero sea mayor que la del segundo.
Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
4 - En atención a lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado/a, cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de:
Razones sobrevenidas y urgentes de interés público.
Razones sobrevenidas pero no urgentes de interés público.
Razones imperiosas de interés general.
Razones de emergencia nacional.
5 - Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse:
Dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Dentro de los veinte días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Dentro de los treinta días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
6 - Conforme establece el artículo 4 de la Ordenanza de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, NO es un principio general en la gestión de las mismas:
El principio de objetividad.
El principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
El principio de eficacia.
El principio de proporcionalidad.
7 - Según el artículo 59 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Tagoror de Distrito ejercerá:
Las competencias ejecutivas o administrativas que le correspondan por delegación del Alcalde o del Pleno, sin perjuicio de las demás que le atribuya la Junta de Gobierno.
Las competencias ejecutivas o administrativas que le correspondan por delegación del Alcalde o de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las demás que le atribuya el Pleno.
Las competencias ejecutivas o administrativas que le correspondan por delegación del Alcalde o de las Concejalías, sin perjuicio de las demás que le atribuya el Pleno.
Las competencias ejecutivas o administrativas que le correspondan por delegación del Pleno o de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las demás que le atribuya la Junta de Gobierno.
8 - Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley: (Señalar la respuesta INCORRECTA):
Todas las manifestaciones de violencia ejercidas sobre las mujeres por el hecho de serlo que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, excluidas las amenazas de realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Las conductas que tengan por objeto mantener a las mujeres en la sumisión, forzando su voluntad y su consentimiento.
Las conductas que tengan por objeto mantener a las mujeres en la sumisión, impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier ámbito de su vida personal.
Las y los menores expuestos a todas las formas de violencia incluidas en el artículo 3 de la reseñada Ley.
9 - De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se clasifican como bienes patrimoniales:
Los bienes comunales, las parcelas sobrantes y los efectos utilizables.
Las porciones de terreno propiedad de las Entidades locales que no fueren susceptibles de uso adecuado y los bienes comunales.
Los que estén destinados a uso público o servicio público pero puedan constituir fuentes de ingresos patrimoniales para el erario de la Entidad.
Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables.
10 - De los grupos de actos que se enuncian a continuación, según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sólo uno, no es nulo de pleno derecho:
Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
Los que tengan un contenido imposible.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Los dictados, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.