Modelo A parte 6 Administrativos/as Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2023

1 - Según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación:

Se justificará adecuadamente, en los contratos de suministros, el informe de insuficiencia de medios.

Se iniciará con la apertura de la oferta económica, que se realizará en acto público.

Se incorporará un presupuesto, con expresión de los precios unitarios, en su caso.

Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y debiendo ser publicado en el perfil de contratante.

2 - De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Todos los actos administrativos.

Sólo los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Los actos que acepten pruebas propuestas por los/las interesados/as.

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

3 - El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de (artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas):

Eficacia y transparencia.

Eficiencia y eficacia.

Transparencia y publicidad.

Eficiencia y transparencia.

4 - Según el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿los ayuntamientos canarios podrán ejercer la iniciativa legislativa?:

Sí, siempre.

Sí, cuando actúen agrupados especialmente con este fin y representando el porcentaje de población y el número de municipios que se determinen en el Reglamento del Parlamento.

No, nunca.

No, salvo que una disposición normativa disponga otra cosa.

5 - En relación con la formalización de los contratos, el artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, reconoce:

En los contratos basados en un acuerdo marco no resultará necesaria la formalización del contrato.

El/la contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a partes iguales de las partes los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización deberá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Si las causas de la no formalización del contrato fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista con el 3 por 100 del presupuesto base de licitación.

6 - En atención a lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el recurso contencioso-administrativo tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender:

Que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2 de la reseñada Ley.

Que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 26 de la reseñada Ley.

Que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 20 de la reseñada Ley.

Que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 21 de la reseñada Ley.

7 - Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (artículo 87 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público):

Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.

Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Cuando sean activados como reservistas forzosos para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

8 - Respecto al procedimiento abierto simplificado sumario regulado en el artículo 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuál de las siguientes es la respesta INCORRECTA:

En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.

El plazo para la presentación de proposiciones, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado, será de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

Se podrá seguir esta tramitación en contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación esta tramitación.

9 - De acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de estas de acuerdo, entre otros, con el siguiente principio:

Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.

Solidaridad interfuncional de acuerdo con la normativa regional.

Lealtad funcionarial.

Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus derechos.

10 - De conformidad con lo reconocido en el artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la condición de interesado/a derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:

Cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Siempre y cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio.

Siempre y cuando no haya culminado la fase de ordenación del procedimiento.

Siempre y cuando no haya culminado la fase de instrucción del procedimiento.

11 - (Reserva) En atención a lo reconocido por el artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales no podrán exigir tasas por:

Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.

Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.

Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

12 - (Reserva) De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden, entre otras y en todo caso, a los municipios, las provincias y las islas: (Señalar la respuesta INCORRECTA):

Las potestades tributaria y financiera.

Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación a instancia de parte de sus bienes.

Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

La potestad de programación o planificación.

13 - (Reserva) Según el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señale cuál de las siguientes respuestas NO se incluye entre los derechos y obligaciones de los/las vecinos/as:

Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley.

Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

Asistir a las sesiones declaradas de carácter público de la Junta de Gobierno Local.

Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

14 - (Reserva) De conformidad con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ayuntamientos podrán establecer y exigir, de acuerdo con la indicada ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales, el siguiente Impuesto:

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

15 - (Reserva) Respecto al artículo 201 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se podrá emplear un procedimiento abreviado de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias cuando:

La reforma afectare solo al capítulo I del título I del Estatuto.

La reforma afectare solo al capítulo III del título I del Estatuto.

La reforma afectare solo al capítulo II del título II del Estatuto.

La reforma afectare solo al capítulo II del título I del Estatuto.

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