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1 - ¿Qué organización es la responsable de uno de los métodos más empleados en la auditoría de cualquier sistema de preservación digital?:

APREDIG (Asociación Iberoamericana de Preservación Digital).

NDSA (National Digital Stewardship Alliance).

Open Preservation Foundation.

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2 - Según el Reglamento del Sistema Integral de Gestión Documental y Archivos del Ayuntamiento de Madrid, la función de “Coordinar y controlar el funcionamiento de los distintos archivos de gestión” es competencia de:

El Archivo de Villa.

Los Archivos Centrales.

El Archivo General de la Comunidad de Madrid.

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3 - Según el Reglamento del Sistema Integral de Gestión Documental y Archivos del Ayuntamiento de Madrid, la “Comisión de Documentos y Archivos” se creará según lo dispuesto en el:

Artículo 75 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2006.

Artículo 76 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004.

Artículo 77 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de junio de 2004.

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4 - Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, caben los recursos:

Potestativo de reposición.

De alzada.

Ambos.

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5 - Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas son:

Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones solo con las Administraciones Locales.

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

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6 - El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre la utilización de las lenguas oficiales en el procedimiento administrativo, establece que:

Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano.

Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma no podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación estatal.

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7 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las fases del procedimiento administrativo son:

Iniciación del procedimiento de oficio; ordenación del procedimiento; instrucción del procedimiento y finalización del procedimiento.

Iniciación del procedimiento; ordenación del procedimiento; instrucción del procedimiento y finalización del procedimiento.

Iniciación del procedimiento a instancia del interesado; ordenación del procedimiento; instrucción del procedimiento y finalización del procedimiento.

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8 - De acuerdo con el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ayuntamientos exigirán de forma obligatoria:

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

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9 - Según el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ayuntamientos podrán fijar los impuestos:

Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Sobre Bienes Inmuebles.

Sobre Actividades Económicas.

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10 - El artículo 45 del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, establece respecto a los riesgos laborales, que los trabajadores/as tienen derecho a:

Ser informado/a de los riesgos para su salud y seguridad, y de las medidas preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a situaciones de emergencia.

Medidas de protección específicas cuando por sus propias características personales o estado biológico conocido o incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.

Ambas respuestas son correctas.