Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto se haya sido dictado
Dentro del plazo de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.
2 - El plazo para interponer un recurso de reposición es de:
30 días.
Tres meses
Un mes
Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.
3 - Cuando los plazos se señalen por días:
Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados siempre y cuando éstos sean declarados festivos y los domingos
Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.
4 - La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas está prevista en:
La Ley 39/2015 de 1 de octubre.
La Ley 40/2015 de 1 de octubre.
La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.
Las respuestas a) y b) son correctas.
5 - El patrimonial: derecho a reclamar en expediente de responsabilidad
No prescribe.
Prescribe a los seis meses de producirse el daño.
Prescribe al año de producido el hecho o acto.
Prescribe a los tres meses de producirse el daño.
6 - Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre:
A instancia de parte.
Por el Alcalde, oficio o a instancia de parte.
De oficio por acuerdo del órgano competente.
Ninguna respuesta es correcta.
7 - La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador:
Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario.
No es susceptible de recurso ordinario.
Sólo puede adoptarla la Junta de Gobierno.
Sólo es susceptible de recurso extraordinario.
8 - Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos:
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.